Patricia Benavides: ¿Cómo operó el brazo congresal de la presunta red criminal de la fiscal de la Nación?

Esta organización, de acuerdo a la tesis del equipo de la fiscal superior Marita Barreto, estaría encabezada por Benavides y habría direccionado una serie de procedimientos en el Congreso de la República, como la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el proceso sumario contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El 9 de mayo último, una semana antes de la elección de Gutiérrez Cóndor, Jaime Villanueva le escribió a un o una congresista para preguntarle si su bancada ya había decidido su voto en la designación del nuevo defensor del Pueblo. Tres días antes, ya había expresado que el interés, inicial, de la cúpula del Ministerio Público era el nombramiento de Jorge Luis Rioja Vallejos.

“Me dice, por favor. Ella ha indicado ir por Rioja. Pero quiere su confirmación para estar en coordinación”, escribió.

No obstante, Rioja no logró los votos requeridos para ser elegido defensor del Pueblo. Por ello, el principal asesor de Benavides, el 17 de mayo, le volvió a escribir a su contacto en el Parlamento para decirle que ahora “la estrategia” que debía seguirse era respaldar la candidatura de Gutiérrez Cóndor.

Villanueva, quien estaba siguiendo el debate del pleno, le precisó al o la congresista que la acciopopulista Hilda Portero cambió su voto a “verde”.

Tras la confirmación de la elección de Gutiérrez como nuevo defensor del Pueblo con 88 votos, el operador de Benavides afirmó: “Ahora falta la lagarta, con los mismos votos, contundente”, en clara referencia a la entonces fiscal supremo Zoraida Ávalos, quien enfrentaba dos denuncias constitucionales, una de ellas presentada por Patricia Chirinos (Avanza País).

La designación del ex militante perulibrista fue respaldada por la mayoría de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Bicentenario y Acción Popular. En esta última, sucedió un hecho que hoy cobra mayor relevancia: cuatro de sus integrantes-María del Carmen Alva, Karol Paredes, Silvia Monteza y Edwin Martínez- cambiaron a último momento sus votos, algunos en contra y otros en abstención, por a favor.

Paredes, Monteza y Martínez afrontaban en ese momento pesquisas por el Caso Los Niños.

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La preocupación de la cúpula

Un día después, Villanueva le expresó a su enlace en el Parlamento la preocupación de la cúpula de la fiscal de la Nación ante el tercer pedido para reconsiderar la designación del excongresista nacionalista.

“Estamos muy preocupados, porque se vaya a cae la elección del defensor, tener un titular en esa institución es imprescindible, pues lo que está en juego es algo mucho más importante, inclusive que la misma Defensoría [del Pueblo]. Como se sabe la JNJ está tomada por el vizcarrismo”, subrayó.

Incluso, citó palabras de Benavides, para señalar que “existen muy fuertes y oscuros intereses” para que ella deje de ser la titular del Ministerio Público “y los caviares retornen a controlar” la institución. “Si la JNJ la suspende por antigüedad, Zoraida Ávalos sería la nueva fiscal de la Nación y eso significa el retorno del vizcarrismo”, acotó.

Finalmente, ninguno de las tres solicitudes de reconsideración pasó y el 19 de mayo, Gutiérrez Cóndor juró en el Congreso como nuevo defensor del Pueblo. El primer acto había sido consumado.

Este Diario intentó comunicarse con el defensor del Pueblo, pero no respondió a nuestras llamadas.

Desde la institución señalaron que la alta autoridad, quien viajó a Panamá el último domingo, no declararía, por el momento.

Según la investigación del equipo fiscal liderado por Marita Barreto, entre agosto de 2022 y setiembre de 2023, los integrantes de la cúpula del Ministerio Público -Villanueva, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado- tuvieron una serie de reuniones con los congresistas José María Balcázar (Perú Bicentenario), Lady Camones (Alianza para el Progreso), Gladys Echaíz (Renovación Popular) y asesores de esta última.

Para el Eficcop, las citas con Balcázar “habrían servido para influenciar ilícitamente” en el proceso constitucional contra Ávalos.

También dan cuenta que el 22 de setiembre de 2022, Villanueva y Girao se reunieron con Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso.

Al día siguiente de esta cita, la SAC aprobó por mayoría el informe final de las denuncias N°209 y N°231 acumuladas, que recomendó acusar a Ávalos por infracción al inciso 4 del artículo 159 de la Carta Magna por haber suspendido la investigación contra el entonces presidente Pedro Castillo por las presuntas irregularidades en los ascensos en las FF.AA. y el Caso Puente Tarata y PetroPerú.

Camones, en comunicación con El Comercio, dijo que ella fue elegida presidenta de la SAC el 19 de setiembre de 2022 y que heredó el informe final que proponía la inhabilitación de Ávalos de su antecesora en el cargo, la también apepista Rosio Torres.

La expresidenta del Congreso dijo que ella citó a la sesión del 23 de setiembre, cuando se aprueba el documento referido, un día antes a las 10:50 a.m., mientras que la reunión con Villanueva y Girao se realizó ese mismo día a las 5 p.m.

“Ellos vinieron como coordinadores de la fiscal de la Nación, porque había muchas denuncias de esta institución en la SAC. Yo no puedo responder por conversaciones de otros congresistas, pero en mi caso en ningún momento se tocó el tema de Zoraida Ávalos. Quiero descartar que se me haya hecho un pedido para darle celeridad a ese informe”, subrayó.

El 3 de octubre de 2022, Villanueva también visitó la oficina de la congresista Echaíz. La ex fiscal de la Nación había secundado la denuncia constitucional contra Ávalos.

El principal asesor de Benavides acudió en otras tres oportunidades al despacho de la parlamentaria de Renovación Popular. La última vez fue el 2 de octubre último.

Para el equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto, las visitas de Villanueva a los despachos de estos parlamentarios tuvieron “la finalidad de hipotecar la autonomía institucional del Ministerio Público y la imparcialidad en la persecución penal”.

En el documento que dispone su detención, al que tuvo acceso El Comercio, Villanueva remarcó, en una de las conversaciones que tuvo con un o una congresista que él era “el único autorizado” por la fiscal de la Nación para hablar en su nombre.

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La señal y el archivamiento

Entre mayo y junio último, la cúpula de la Fiscalía de la Nación ejecutó la última parte de su plan para que el Parlamento inhabilite a Ávalos. De acuerdo a la tesis del Eficcop, para la titular del Ministerio Público y su entorno era de “vida o muerte” concretar la sanción política contra la referida fiscal suprema, a quien veían como un “peligro”.

Incluso, Villanueva, en sus mensajes a uno de los integrantes del Congreso, afirmó que una vez que “logremos el objetivo”, “saliendo de este peligro hay varias cosas que podemos trabajar”.

El 6 de junio, el o la congresista que actúa como enlace del principal asesor de la fiscal de la Nación le indicó a este que diferentes parlamentarios “querían una señal de archivo de sus investigaciones”. La respuesta fue que “ya todo estaba listo” y que la disposición saldría el viernes 9 de junio.

Villanueva sostuvo que ya tenía los votos de Perú Libre, el Bloque Magisterial y de Podemos Perú, detallando que había conversado con Waldemar Cerrón y José Luna Gálvez, representantes del primer y último grupo. Mientras que Patricia Chirinos le había conseguido los votos de la agrupación de los profesores.

El 15 de junio, seis días antes de que el pleno del Congreso inhabilite a Ávalos por cinco años, el principal asesor de Benavides envió a su enlace en el Parlamento un archivo PDF, donde estaba la disposición que enviaba al archivo una investigación preliminar en contra de 32 legisladores comprendidos en el Caso Los Niños 3. A estos se les imputaba el delito de cohecho pasivo propio.

De esta manera, según la investigación del Eficcop, la fiscal de la Nación dio “cumplimiento a su ofrecimiento criminal” del 6 de junio de archivar la investigación a congresistas “con la finalidad de influir ilícitamente” sobre estos y “voten a favor de la inhabilitación” a Ávalos y “así evitar” que esta pueda sucederla si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la sancionaba.

“Tenemos que lograr esos votos el jueves. El mensaje es claro, se queda Shakira y la junta suspende a Benavides”, refirió Villanueva en unos de los chats revelados.

El 21 de junio último, el pleno del Congreso inhabilitó a Ávalos con 70 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones.

De los 70 votos a favor, ocho provinieron de los congresistas Rosio Torres Salinas, Cheryl Trigozo Reátegui (APP), María Agüero Gutiérrez, Kelly Portalatino, Wilson Quispe Mamani (Perú Libre), Heidy Juárez (Podemos Perú), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) y Alfredo Pariona Sinche (no agrupado en la actualidad). Todos ellos habían sido librados días antes de la investigación del Caso Los Niños 3 [ver cuadro].

Cabe resaltar que Perú Libre- con Waldemar Cerrón a la cabeza- votó en contra de la sanción a Ávalos en la Comisión Permanente en diciembre de 2022. Pero la bancada cerronista cambió de postura en el pleno tras las presuntas reuniones del hoy segundo vicepresidente del Parlamento con el principal asesor de Benavides.

¿Cómo votaron los congresistas beneficiados con archivo de Caso Los Niños 3 en denuncia contra Zoraida Ávalos?

Villanueva también había enviado a un congresista una proyección de votos hecha por la cúpula de la Fiscalía de la Nación. En esta ponía el nombre de cada congresista y al costado la investigación en la que este estaba involucrado.

Además, ya desde fines de mayo, reveló que ya había conversado con los congresistas acciopopulistas Luis Aragón, Edwin Martínez e Ilich López.

Aragón votó a favor de la sanción a la hoy ex fiscal suprema en la Comisión Permanente, mientras que Martínez y López hicieron lo mismo en el pleno.

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El mismo 21 de junio, el principal asesor de la fiscal de la Nación le pidió a su contacto que la resolución con la inhabilitación de Ávalos se publique al día siguiente, porque eso era “vital” para que el accesitario ingrese a la Junta de Fiscales Supremos y se bloquee cualquier tipo de medida cautelar que la “lagarta” quiera interponer.

El equipo especial, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, consideró que la pretensión de la organización criminal que encabezaría Benavides procuraba “lograr la permanencia en el cargo” de esta y obtener “el control absoluto” del Ministerio Público “hipotecando su institucionalidad y su integridad funcional”.

Injerencia en proceso contra la JNJ

Una tercera arista de la investigación del Eficcop es el proceso sumario que el Congreso abrió en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a solicitud “nuevamente” de la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País). La referida institución tiene pendiente resolver dos pesquisas contra Benavides.

La primera por haber realizado cambios en la conformación de fiscales integrantes del Equipo Especial “Los Cuellos Blancos del Puerto” con la finalidad de interferir en las investigaciones fiscales.

Y la otra es por haber cesado a la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales -quien investigaba a su hermana Emma Benavides- de manera célere, luego de haber asumido el cargo como titular del Ministerio Público.

El equipo especial, conducido por Barreto, advirtió que el 7 de noviembre, el principal asesor de la fiscal de la Nación, “evidentemente actuado por encargo de ella”, realizó una llamada por WhatsApp a un parlamentario para conversar sobre “la remoción” de los integrantes de la JNJ.

Luego de esta llamada, Villanueva le envía al congresista un documento en Word, donde había una propuesta de resolución legislativa que “aprobaba” la destitución de los miembros de la junta, que debía definirse al día siguiente, 8 de noviembre en el pleno del Poder Legislativo.

Este archivo fue elaborado por el despacho de Benavides, de acuerdo a una revisión hecha por el Eficcop.

No obstante, la votación sobre el informe final de la Comisión de Justicia, controlada por Perú Libre, no se llevó a cabo, porque la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concedió una medida cautelar a favor de los siete integrantes de la JNJ, que dispuso suspender el procedimiento parlamentario.

Este fallo provocó una “gran incomodidad” en la cúpula de la alta dirección del Ministerio Público- de acuerdo a la pesquisa del Eficcop- debido a que Villanueva condenó esta resolución y la calificó como un acto de “prevaricato”.

“[Esta] conducta no hace más que evidencia una influencia grave por lograr la remoción de la JNJ y así Patricia Benavides no sea destituida del cargo de fiscal de la Nación”, remarca el equipo especial de Barreto.

La respuesta del Congreso

Desde el Parlamento, la congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular), quien sostuvo reuniones con Villanueva, refirió que se vienen “tiempos difíciles” en la fiscalía. Sin embargo, prefirió no opinar sobre la situación de Benavides.

“No opino en ese sentido [sobre renuncia de la fiscal de la Nación], son decisiones personales, tratándose de un órgano de la administración de justicia y siendo crítica de las interferencias de allá para acá o de acá para allá, prefiero mantenerme al margen. Si alguien me menciona a título personal, yo le respondo a título personal”, expresó.

También negó tener injerencia dentro del Ministerio Público y calificó estas imputaciones de “especulaciones”.

“Indudablemente, qué injerencia tengo yo en el Ministerio Público, esa es una especulación que ha salido porque he sido fiscal de la Nación. Sí defiendo el presupuesto el Ministerio Púbico, como lo he defendido siempre, y porque cada institución busca tenerlo”, acotó.

El portavoz de la bancada de APP, Eduardo Salhuana, negó que su agrupación se haya reunido con Villanueva. No obstante, evitó definir una postura sobre el futuro de Benavides.

“Esperaría con prudencia que se tenga más información. La JNJ tiene la facultad de ver el caso. (...) Tampoco es aprovechar una circunstancia para afectar a una funcionaria. Exigimos serenidad y prudencia”, expresó.

Este Diario intentó comunicarse con los congresistas Cerrón, López y Aragón, pero no respondieron a nuestras llamadas hasta el cierre de esta nota.