El Gobierno promulgó hoy la cuestionada Ley de Delitos Informáticos a pesar de que especialistas le solicitaron al presidente Ollanta Humala no firmarla y observarla debido a que sus ambigüedades podrían afectar la libertad de expresión.

La Ley de Delitos Informáticos, aprobada por el pleno del Congreso el 12 de setiembre, fue publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”. Además, lleva las firmas de Humala; el primer ministro, Juan Jiménez Mayor; el titular del Parlamento, Fredy Otárola; y la vicepresidenta del Legislativo, Carmen Omonte.

Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, advirtió que hay artículos de la norma que pueden vulnerar la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En esa línea, explicó que se aumentan las penas para la interceptación de información pública de carácter reservado, pero sin precisar nada sobre la difusión de la misma, lo cual puede prestarse a cualquier interpretación.

“Debería decirse que la difusión de esa información está penada a excepción de que sea de interés público. Ese vacío puede dar pie a que se afecte la libertad de prensa”, agregó en diálogo con El Comercio.

Miguel Morachimo, presidente de la ONG Hiperderecho, señaló que la forma en que ha sido redactado el proyecto pone en riesgo derechos fundamentales. Dijo que se pretende ampliar el delito de discriminación a través de Internet como una sanción igual a los actos de violencia ejercidos por discriminación.

“Ello implica una amenaza a la libertad de expresión en línea, donde cualquier comentario que alguien pueda encontrar discriminatorio puede colocar al autor frente a una investigación penal”, indicó.

Erick Iriarte, abogado especialista en temas de Internet, ha señalado que la ley tiene muchas ambigüedades en su redacción que la hacen peligrosa. Por ejemplo se castiga hasta con seis años de prisión a los que borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos que no sean suyos, pero no hay una valorización de en qué circunstancia debe aplicarse.