Postergan debate que pone fin a caótico régimen laboral del sector público

Aunque cerca de las 11:30 de la noche un buen número de legisladores de la bancada de Gana Perú se hizo presente para lograr aprobar el proyecto de ley del servicio civil, el prolongado debate del informe de la comisión que investigó las supuestas irregularidades en la reconstrucción de las ciudades del sur afectadas por el terremoto del 2007, postergó la revisión y votación del mencionado proyecto de ley.

Pasada la medianoche el pleno del Congreso no debatía la propuesta legislativa sobre el servicio civil.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Juan José Díaz Dios, había asegurado que serían incorporadas en el debate final las modificaciones que introdujo su comisión, como la inclusión del aumento salarial en la negociación colectiva, la asignación familiar, el subsidio por fallecimiento, el aguinaldo y la CTS, entre otras.

La próxima semana se realizarían dos o tres sesiones plenarias para terminar la discusión de los proyectos pendientes.

Asimismo, empezó a circular ayer en el Congreso el rumor de que se postergaría por una semana más la legislatura que está programada para concluir el 15 de junio.

Con dicha iniciativa, que fue presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ejecutivo se ha propuesto ordenar el régimen laboral de más de medio millón de trabajadores que están bajo los regímenes de los Decreto Legislativos 276 y 728 y los que tienen contrato administrativo de servicios (CAS).

Es tan caótico ese sistema que dichos trabajadores perciben hasta 400 tipos de conceptos de pago e incluso no se sabe cuántos servidores existen con exactitud.

RENDIMIENTO LABORAL Según el laboralista Ricardo Herrera, el proyecto de ley de servicio civil, elaborado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), establece el rendimiento laboral o meritocracia como sistema para ascender en la carrera pública o para salir de ella.

También explicó que los trabajadores que salgan desaprobados dos años consecutivos deberán ser separados del servicio del Estado.

Para que esas evaluaciones tengan legitimidad, el Estado debe garantizar la neutralidad y el valor técnico de los evaluadores.

El secretario general de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), Winston Huamán, reiteró ayer el rechazo de su gremio contra la norma, porque vulnera una serie de derechos adquiridos, como la estabilidad laboral. Asimismo, señaló que dicha iniciativa privilegia la función pública antes que al servidor como factor fundamental del servicio al ciudadano.

Postergan debate que pone fin a caótico régimen laboral del sector público.

MÁS DE 140 DENUNCIADOS POR FORSUR Al menos 140 personas, entre alcaldes distritales y provinciales, presidentes regionales y hasta ex funcionarios del Forsur y del Instituto de Defensa Civil (Indeci), serán denunciados ante el Ministerio Público por haber incurrido en delitos de corrupción.

Esto luego de aprobarse anoche por amplia mayoría en el Congreso el informe final del Caso Forsur (Fondo de Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007) que elaboró la comisión investigadora presidida por el legislador oficialista Rogelio Canches.

El informe acusatorio excluyó al ahora ex ministro de Economía y Finanzas Luis Carranza, a quien se pretendió responsabilizar de infracción constitucional por haber incurrido en omisión de funciones al no haber entregado los montos correspondientes por el denominado Bono 6.000.

El pedido de exclusión fue hecho por la bancada de oposición que consideró que Carranza solo protegió el erario nacional al descubrirse que el citado bono beneficiaba a personas que no eran damnificados del sismo que afectó Pisco, Ica, Chincha y parte de Lima y Huancavelica. Canches dijo que en el informe no fueron incluidos, por falta de indicios, los ex ministros Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang, ni el ex titular de Forsur, Julio Favre. “La fiscalía investigará”, dijo.