El primer ministro, Juan Jiménez Mayor, afirmó hoy que probablemente el Gobierno analice realizar modificaciones al proceso de revocación luego de un debate extenso. “Debemos preguntarnos, ¿cuánto aporta la revocación a la democracia? ¿Cuánto aporta al fortalecimiento institucional del país?”, manifestó.
En conferencia de prensa, Jiménez dijo que personalmente “hubiera preferido invertir los fondos que el Estado gastó en la revocación en obras sociales o de agua y saneamiento”.
“Lo que hemos gastado en un día de trabajo además, de movilizar a todos los limeños, quizás pudimos haber invertido en movilizar a toda la ciudad para algo grande o en todo caso utilizar esos fondos para destinos mucho más implicados en aspectos sociales”, agregó.
A su turno, el titular del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que los procesos de revocación en el interior del país se han convertido en puntos de conflicto, que no solo afectan la estabilidad política sino la seguridad de los alcaldes y otras autoridades.
“Recibo a alcaldes que piden garantizas, porque han sido amenazados en un contexto de revocación. Así como en los últimos años hemos tenido nuevos fenómenos delictivos, como la extorsión en construcción civil, hoy el nuevo fenómeno que aparece con claridad es la extorsión, chantaje y asesinatos en situaciones vinculadas a procesos de revocación”, sostuvo.
INTERPELACIÓN A JIMÉNEZ En otro momento, el jefe del Gabinete Ministerial reiteró su predisposición de asistir al Congreso de la República a explicar la política de seguridad ciudadana que ejecuta el Gobierno.
Por ello, les pidió a los legisladores de las bancadas de oposición, que impulsan su interpelación, pensar muy bien en las consecuencias que pueda tener esta para la estabilidad e institucionalidad del país.
SEGUIMIENTO A TERRORISTAS Y VIOLADORES El presidente del Consejo de Ministros también anunció que enviarán al Congreso un proyecto de ley para realizar el seguimiento y control de sentenciados por delitos graves, como violación y terrorismo, luego que estos hayan cumplido sus penas.
Tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, señaló que esta es una medida usual en países como Alemania y los Estados Unidos, y confirma la preocupación del gobierno por mejorar la seguridad ciudadana.
“Estamos evaluando un proyecto de ley para que, luego de cumplidas las penas, como sucede en otros países, exista un mecanismo de seguridad y control”, indicó, al señalar que esas personas aún representarían cierta peligrosidad en la sociedad.
Explicó que serán los jueces quienes determinarán en qué casos específicos, si es que se trata de sentenciados por delitos como violación y terrorismo, se dispondrá algún tipo de seguimiento.
“Por medio de este control, el sentenciado que haya cumplido su pena, deberá informar su lugar de residencia, así como en dónde se encuentra, e informar de manera periódica que no se acerque a determinados lugares”, afirmó.
Asimismo, manifestó que en la reunión del Consejo de Ministros se vieron los primeros ocho reglamentos vinculados al paquete de iniciativas de seguridad, emitidos vía decretos legislativos entre noviembre y diciembre del año pasado.
“Estos ocho reglamentos darán énfasis a potenciar el área de seguridad interna en el país. Vamos a plantear el establecimiento de rutas vigiladas para el traslado de armas y la necesidad de involucrar a las compañías de seguridad privadas en las estrategias de seguridad interna”, acotó.