La sorpresiva detención de Alejandro Sánchez en Estados Unidos –no por méritos, tenacidad o un paciente seguimiento de las autoridades peruanas, sino por un hecho fortuito– debe haber generado nerviosismo en la Dinoes. El amigo, asesor en la penumbra y, según las investigaciones fiscales, presunto cómplice del detenido golpista Pedro Castillo, es una pieza clave para desenredar la maraña de corrupción que se tejió en el anterior gobierno.
El generoso anfitrión que desinteresadamente cedió su casa en Breña para las clandestinas reuniones en las que funcionarios y empresarios sellaron negociados turbios es investigado como presunto integrante del denominado Gabinete en la sombra, un grupo de asesores informales integrado por gente de la más estrecha confianza de Castillo. Sánchez, de acuerdo con la hipótesis fiscal, formaba parte del buró político, un subgrupo de la organización criminal que planificaba y decidía la forma en la que participarían los otros integrantes de la red en sus actividades ilícitas. El hoy detenido compinche de Castillo es el responsable del direccionamiento de 34 obras, lo que causó un perjuicio al Estado por S/130 millones.
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El escurridizo personaje estuvo prófugo de la justicia durante casi 11 meses, desde octubre del año pasado, cuando pasó a la clandestinidad para evitar los 30 meses de prisión preventiva que se le dictaron. A los pocos días de su fuga, a la incertidumbre sobre su paradero se sumó el escándalo por una muerte falsa. Su nombre aparecía en el sistema del Reniec como fallecido y desató una serie de acusaciones mutuas entre el organismo encargado de la identificación de los ciudadanos y el Ministerio de Salud.
La detención de Sánchez, como dijimos al comienzo de esta columna, responde más a la casualidad que al afán de las autoridades peruanas por capturarlo. Cayó cuando intentaba pasar como ilegal de México a Estados Unidos. Este hecho, si bien puede significar el fin de la impunidad para un personaje que durante meses se burló de la justicia, genera una serie de interrogantes y suspicacias que deben ser aclaradas pronto. ¿Cuándo fugó del país y por dónde? ¿Quiénes lo ayudaron a escapar? Si intentó cruzar a Estados Unidos desde México, ¿cuánto tiempo estuvo en el país de López Obrador? ¿Cómo logró ingresar ahí? ¿Qué hizo durante su estancia en México y con quiénes se reunió? ¿Cómo es posible que no haya tenido una orden de captura internacional vigente al momento de ser apresado? ¿Estaban al tanto la fiscalía, policía y cancillería que Interpol le había levantado la alerta roja? ¿Qué otros investigados prófugos no tienen actualmente orden de captura internacional? ¿Están Juan Silva y Fray Vásquez en la misma situación?
El futuro de Sánchez está, por ahora, en manos de la cancillería peruana. Dependerá de las gestiones que despliegue ante las autoridades estadounidenses que el dueño de la casa de Sarratea sea traído de manera célere al país a través del mecanismo de la expulsión. De no accionar correcta y oportunamente, su estadía en ese país podría prolongarse innecesariamente o podría ser expulsado a México, por donde entró.
Si las labores de la cancillería prosperan y Sánchez es expulsado al Perú, aún quedarían pendientes las capturas de Juan Silva y de Fray Vásquez. El paradero del exministro de Transportes y del sobrino de Castillo, ambos también implicados en la red de corrupción del expresidente, sigue siendo un misterio y la policía no ha dado señales de estar moviendo dedo alguno para ubicarlos. Si la apatía por atraparlos se mantiene, solo queda esperar que la casualidad, como ocurrió en el caso de Alejandro Sánchez, le dé una mano a la justicia.
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