El juez Richard Concepción Carhuancho declaró este martes la validez de la acusación del fiscal José Domingo Pérez contra el extraditado expresidente Alejandro Toledo por el Caso Interoacénica Sur, parte de la trama de Odebrecht en el Perú.
Con ello, determinó que dicha acusación merecer ir a juicio oral. Allí es donde finalmente se determinará si el exmandatario y sus seis coacusados son culpables o no de la imputación por los presuntos sobornos de la constructora brasileña a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de dicha obra.
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La decisión se dio exactamente un mes después de la llegada de Alejandro Toledo al país, el 23 de abril, para ser procesado en el Perú.
El avance de este control de acusación en un solo mes, en comparación con otros caso de la trama Lava Jato, ha sido rápido. Fuentes de El Comercio ligadas al caso atribuyen esto a la frecuencia con la que el juez viene realizando estas audiencias y la larga duración de las audiencias (tres veces por semana y generalmente desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m.); así como a la realización de forma presencial de las sesiones.
La resolución del magistrado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) se da luego de que la acusación superó las fases de control formal (de forma) y control sustancial (de fondo). Todo esto dentro de la etapa de control de acusación. Para ello, el juez rechazó todos los recursos del expresidente y sus coacusados que buscaban archivar el caso.
El último de estos recursos, presentado por el empresario Gonzalo Camet, se resolvió este martes en una audiencia. Tras declarar infundado su pedido, el juez informó que “este despacho está concluyendo que el requerimiento ha superado el control sustancial y merece ir a juicio oral”.
“En el presente caso existe causa probable para llevar a juicio a los acusados respecto al requerimiento acusatorio. Este despacho resuelve lo siguiente: declara la validez sustancial del requerimiento acusatorio contra todos los acusados consignados”, resolvió.
Acusados | Pena solicitada | Delitos atribuidos | Cargo o función |
---|---|---|---|
1. Alejandro Toledo Manrique | 20 años y 6 meses | Colusión (autor) Lavado de activos (autor) | Presidente de la República |
2. Sergio Bravo Orellana | 9 años | Colusión (autor) | Presidente del Comité de ProInversión |
3. Alberto Pasco-Font | 9 años | Colusión (autor) | Integrante del Comité de ProInversión |
4. Avraham Dan On | 9 años | Colusión (cómplice primario) | Exjefe de seguridad de Alejando Toledo |
5. Fernando Camet Piccone | 20 años y 6 meses | Colusión (cómplice primario) Lavado de activos (autor) | Representante de JJ Camet |
6. José Castillo Dibós | 20 años y 6 meses | Colusión (cómplice primario) Lavado de activos (autor) | Representante de ICCGSA |
7. Gonzalo Ferraro Rey | 11 años y 6 meses | Lavado de activos (autor) | Representante de Graña y Montero |
El control de acusación inició el 17 de abril con el debate sobre los sobreseimientos (archivo) propuestos por la fiscalía contra dos investigados y luego siguió, desde el 21 de abril, con el debate en torno a los siete acusados. El principal de ellos es Alejandro Toledo: se le imputa colusión y lavado de activos por presuntamente recibir unos US$ 30 millones en coimas.
Inicialmente, se hizo el control formal para determinar si habían errores de forma en el documento fiscal. El juez dispuso el pasado 25 de abril que se hagan subsanaciones al requerimiento fiscal, lo cual se cumplió días después. A pesar de que las defensas hicieron nuevas observaciones, el juez la desestimó y declaró la validez formal de la acusación el pasado martes 16 de mayo.
Aquel día, el magistrado también comenzó el control sustancial, en el que se analizan los distintos recursos presentados por los acusados (sobreseimientos y excepciones de improcedencia) que tienen como objetivo que se archiven el caso. Casi todos los procesados, incluido Alejandro Toledo, presentaron al menos un pedido de este tipo, pero todos terminaron de ser desestimados este martes 23 de mayo.
Superado el control sustancial, el juez pasó a evaluar los recursos presentado contra la reparación civil que la procuraduría busca que se pague por este caso. Esta es cuestionada por la empresas JJC Contratistas, por Odebrecht y por el acusado Gonzalo Camet.
Finalmente, el juez deberá analizar las pruebas ofrecidas por la fiscalía, por la procuraduría y por los abogados para determinar cuáles de ellas serán usados en el juicio. Con todo ello, el magistrado emitirá el documento de auto de enjuiciamiento, con el que se ordena formalmente que el caso pase a juicio, el cual estará a cargo de otro tribunal de la CSNJPE.
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