Aníbal Torres: PJ amplía por 18 meses impedimento de salida del país por Caso Golpe de Estado

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria amplió por 18 meses el impedimento de salida del país contra el exministro Aníbal Torres, acusado por presunto delito de rebelión por su papel en el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

El juez Juan Carlos Checkley aceptó el pedido de la fiscalía al considerar que el peligro de fuga permanece latente. Además, tomó en cuenta que Torres se allanó al requerimiento, según precisó el Poder Judicial.

Justamente, el miércoles, durante la audiencia, el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay aseguró que se mantiene el peligro de fuga del ex primer ministro.

Chinchay sustentó ante el juez Checkley su pedido para que se amplíe por 18 meses la orden de impedimento de salida del país contra Torres.

“Hay una situación de peligro procesal. [...] Consideramos que las intensas manifestaciones de México [que desconoce el golpe de Estado], que incluso han creado ciertas tensiones diplomáticas, siguen manteniendo el riesgo de fuga de parte de Aníbal Torres, aunado al hecho de que él también se dirigía al local de la embajada al momento de la captura de Pedro Castillo”, dijo en audiencia.

Chinchay recordó que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, continúa asilada en México.

Recientemente, El Comercio dio cuenta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no transparenta los beneficios que recibe Paredes en ese país. Además, la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo (PAN) señaló que recibe un “trato preferencial” e “injustificado”.

Lee también: Antauro Humala niega acercamiento con Juntos por el Perú: “No hay una alianza”

La fiscalía también recordó al juez Checkley que tras el golpe de Estado, Torres anunció que pasaría a la clandestinidad. En consideración del fiscal Chinchay, el exprimer ministro no concretó su anuncio gracias a disposiciones de las autoridades judiciales.

“Ciertamente no ha cumplido, entendemos que por una medida impuesta por la sala para que tenga visitas periódicas, [para la] constatación de su permanencia domiciliaria”, dijo.

ESTA FUE LA AUDIENCIA DIRIGIDA POR EL JUEZ JUAN CARLOS CHECKELY:

El exprimer ministro, de 81 años, vive en el distrito de San Isidro. Cuando ocurrió el golpe de Estado se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El fiscal destacó que se solicitó 15 años de cárcel contra Torres por presunta rebelión. El caso se encuentra en etapa de control de acusación, la fase previa al juicio oral.

“Es un estándar alto de pena, y esto abona como factor objetivo para establecer que sigue existiendo peligro procesal y por lo tanto se hace meritorio este requerimiento de prolongación [del impedimento de salida]”, señaló.

El representante del Ministerio Público precisó que el impedimento de salida del país no solo se aplica en la etapa de investigación, que ya concluyó, sino en todo el proceso.

Además, la fiscalía destacó en la audiencia que Torres incumplió una de las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial al reunirse con el exministro de Defensa Gustavo Bobbio, testigo en la investigación por el golpe de Estado.

“Don Aníbal admitió que fue una actitud que no debió realizar. Se dio por cerrado el incidente, pero es un hecho que quisiéramos tomar en cuenta”, señaló el representante del Ministerio Público.

Por ese hecho, el juez Checkley sancionó en febrero pasado a Torres con un “apercibimiento”; es decir, un llamado de atención.

Lee también: Prófugo Vladimir Cerrón busca que se archive presunto delito de cohecho: las claves del caso Antalsis

Por último, el fiscal destacó que el proceso contra Torres no culminará pronto. “Es de prever que el juicio oral, que esperamos que sea aprobado, tenga también una duración no pequeña, por todo lo que hay que debatir al respecto”, dijo.

Por el golpe de Estado, la fiscalía también pidió 34 años de cárcel contra Pedro Castillo por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. En tanto, 25 años de prisión para la exprimera ministra Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), por rebelión.

ESTOS SON LOS ACUSADOS Y LOS PRESUNTOS DELITOS:

La acusación fiscal da cuenta que Castillo, Torres, Chávez, Huerta y Sánchez fueron parte de un plan para cerrar el Congreso ilegalmente, intervenir las entidades de justicia e instalar un gobierno de excepción, aunque el golpe de Estado fracasó. Castillo fue vacado por el Congreso y detenido por la policía. Él y Chávez cumplen prisión preventiva por ese caso.

El abogado Duberlí Rodríguez, defensor legal de Torres, informó que se allanan al pedido de ampliación del impedimento de salida del país.

“No acepta los cargos que se le atribuyen, pero se allana”, señaló. Y luego añadió: “No ha incurrido en ninguna inconducta que dé lugar a sospechar el tema del peligro de fuga al que se ha referido el señor fiscal”.

No obstante, durante la audiencia, solicitó que se anule la obligación de pedir permiso al juzgado para salir de Lima, su lugar de residencia. Con ello, pretende que Torres pueda viajar sin restricciones a cualquier parte del país.

Rodríguez argumentó que está acreditado que Torres trabaja como profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Lo están invitando a algunas conferencias a nivel nacional en distintas universidades”, justificó.

Lee también: Susana Villarán: Poder Judicial acoge pretensión de reparación civil de más de US$ 270 millones en Caso “Vías Nueva de Lima”

Torres también tomó la palabra durante la audiencia, pero para cuestionar la acusación penal en su contra. “En este proceso, señor magistrado, no tiene usted ni una sola prueba en mi contra. Lo único que tiene son los dichos de la fiscalía. Esto desmerece totalmente a la administración de la justicia penal”, señaló.

No obstante, según la acusación fiscal, el 6 de diciembre del 2022, a las 21:49 horas, Castillo, Chávez y Torres sostuvieron una reunión en el despacho presidencial, donde coordinaron los presuntos actos ilícitos que desplegaron al día siguiente.

La acusación señala que ellos se habrían encargado de coordinar los actos para atentar contra los poderes del Estado.