El Ministerio Público anunció este viernes que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente a los exlegisladores Javier Velásquez Quesquén (Apra) y César Vásquez Sánchez (APP) por la investigación que se les sigue por el Caso Los Temerarios del Crimen.
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La fiscalía especificó que la denuncia contra Velásquez Quesquén es por los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias. A su vez, la denuncia formulada contra Vásquez Sánchez es por el delito de tráfico de influencias agravado.
Según la tesis del Ministerio Público, Los Temerarios del Crimen fueron un grupo criminal dedicado al cobro de coimas por ejecución de obras y entrega de licencias de transporte.
El sindicado como cabecilla de la banda es el exalcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien actualmente cumple prisión preventiva. En junio del 2020, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró infundado un pedido del exburgomaestre para el cese de la referida medida preventiva.
Cornejo Chinguel declaró sufrir enfermedades que se acentuaron en prisión. Aunque el juzgado reconoció la existencia de enfermedades crónicas y el exalcalde es población de alto riesgo, se respondió que ha recibido la atención médica oportuna, garantizado su derecho a la salud.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la fiscal Zoraida Ávalos efectúa una denuncia constitucional contra Javier Velásquez Quesquén. En julio del 2020, la titular del Ministerio Público presentó ante el Congreso una acusación contra el aprista por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
En dicha oportunidad, también denunció constitucionalmente al exparlamentario Marvin Palma (Cambio 21) por el mismo delito que a Velásquez Quesquén, así como al congresista y excontralor Edgar Alarcón por cohecho pasivo propio.
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En dicha oportunidad, Ávalos consignó que los excongresistas habrían “hecho prometer para sí diversos beneficios económicos” al exalcalde de Chiclayo a cambio de promover una reunión con el entonces contralor de la República, Edgar Alarcón.
La denuncia sostenía que la cita tenía como objetivo abordar el tema del levantamiento de una medida de suspensión temporal de operaciones a las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, lo cual es una facultad de la contraloría. Para ello, según Ávalos, Edgar Alarcón habría aceptado o recepcionado un beneficio económico de aproximadamente S/30 mil de parte de Cornejo Chinguel a cambio de levantar el congelamiento de cuentas del municipio.
Hasta la fecha, Javier Velásquez Quesquén ha negado tener algún vínculo con Los Temerarios del Crimen.
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