El juez Saúl Peña, de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó anoche la orden de detención preliminar de las 10 personas investigadas por el caso de las contrataciones del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, con el Ministerio de Cultura (Mincul).
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Esto, según el magistrado, porque no se cumpliría con el criterio de proporcionalidad requerido para dicho propósito, pues no era una medida urgente, indispensable ni necesaria. Agregó que sí había justificación para los allanamientos que se ordenaron.
La medida comprende a la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales, el exasesor presidencial Óscar Vásquez, la exasistenta del presidente Martín Vizcarra Karem Roca, el propio Cisneros y los exfuncionarios del Mincul Liliana Chanamé (quien estaba no habida), Patricia Dávila Tasaico, Diana Tamashiro, Mauricio Salas, Lincoln Matos y Aura Elisa Quiñones, quienes venían cumpliendo la medida desde hace siete días y cuyo plazo se vencía hoy.
Paralelamente a esta decisión, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas solicitó anoche al Poder Judicial nueve meses de prisión preventiva para Morales, Vásquez, Cisneros y Chanamé por este mismo caso.
Durante la audiencia de ayer en la que se resolvió la apelación contra la detención preventiva, la fiscalía indicó que Morales habría llamado a Dávila, entonces secretaria general del Mincul, para coordinar los pagos al cantante.
Esa versión la dio Dávila ante el despacho de la fiscal Sánchez-Porturas tras su detención el pasado viernes.
El fiscal superior anticorrupción Óscar Miranda fue quien informó de este hecho en la audiencia y dijo que existe un registro de llamadas.
La fiscal Sánchez-Porturas indaga las presuntas tratativas ilícitas que se habrían dado para que Swing obtuviera nueve contratos entre julio del 2018 y abril del 2020 por S/175.400.
“A ella la buscaban. Es más, se daban comunicaciones. Por versión de la propia investigada Patricia Dávila, reconoce que tenía llamadas de la señora Mirian Morales para los pagos de Richard Cisneros. Estuvo presente, además, cuando la señora Mirian [Morales] llama a la ministra de entonces para este hecho”, indicó el fiscal.
Dávila Tasaico fue secretaria general del Mincul de enero a diciembre del 2019, año en el que se otorgaron cuatro de las órdenes de servicios.
La fiscalía investiga el presunto delito de peculado y, alternativamente, negociación incompatible, encubrimiento real y falsedad genérica.
Durante la audiencia, el fiscal Miranda también manifestó que existían elementos de convicción sobre los presuntos delitos imputados a Morales y otros exfuncionarios del entorno del presidente Martín Vizcarra, como el exasesor Óscar Vásquez y Karem Roca.
Sobre Cisneros, el fiscal sostuvo que los hechos “revelan los contactos previos” de este con el entorno presidencial para lograr sus contratos, debido a que era “una persona allegada al presidente Vizcarra”. Por tanto, según los elementos, en todos los trámites donde intervinieron Morales y otros funcionarios también “tendría participación el presidente Vizcarra, quien será investigado por el órgano competente”.
Respecto a los exfuncionarios del Ministerio de Cultura, el fiscal señaló que no observaron la necesidad del contrato y que algunos participaron en la adecuación del perfil de la orden de servicios a las características profesionales de Cisneros.
El fiscal pidió que se confirme la medida de detención contra Liliana Chanamé en su condición de ex directora general de Recursos Humanos del Mincul.
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Los argumentos
Carlos Rodas, abogado de Morales, sostuvo que no se ha demostrado con ningún elemento que su patrocinada haya trasladado la orden para contratar a Cisneros en el Mincul. Agregó que no existe peligro de fuga puesto que tiene una menor a su cargo. Morales, a su turno, dijo al tribunal: “Siempre he mostrado mi mayor disposición a todo el proceso”.
El abogado de Vásquez, Francisco Núñez, negó cualquier acto ilícito y peligro de fuga. El exasesor, por su parte, calificó su detención como “arbitraria” y que obedecía a “una persecución política para dañar la imagen” de Vizcarra".
Juan Varillas, defensa de Richard Cisneros, dijo que este sí cumplía con el perfil requerido por el Mincul. “Les pido que se haga justicia, soy una persona honesta y correcta. No tengo una sentencia”, dijo el cantante.
El abogado de Roca, Elías Silva, sostuvo que no existe riesgo de que fugue u obstaculice la investigación. Roca Luque sostuvo que vive un “maltrato psicológico”. Ella agregó: “He colaborado y colaboraré siempre con lo que se me permita aportar”.
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Oficio de Vizcarra
El presidente de la República, Martín Vizcarra, envió ayer un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para pedirle que tome su declaración o que cuente con su participación en cualquier diligencia que se programe en las investigaciones sobre las contrataciones del cantautor Richard Cisneros.
“Solicito que recabe mi declaración o se contemple mi participación en cualquier otra diligencia, o mi aporte de algún otro tipo de información útil para los fines de la investigación. Expreso mi total disposición, en el marco de las garantías del proceso penal y el derecho fundamental al debido proceso”, indicó el mandatario en el documento.
En la audiencia de ayer, el fiscal Óscar Miranda informó que se había levantado un acta debido a que algunas de las personas detenidas el fin de semana informaron que habrían sido amedrentadas por dos de los detenidos.
Luis Elías, abogado de Liliana Chanamé, sostuvo que existían insuficientes elementos de convicción e indebida motivación.