Caso Richard Swing: fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva contra Morales y Vásquez

La fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas solicitó este jueves nueve meses de prisión preventiva contra la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales y el ex asesor presidencial Óscar Vásquez, quienes fueron detenidos preliminarmente el pasado viernes luego de un operativo policial desplegado como parte de las investigaciones que se siguen por el Caso Richard Swing, según informaron fuentes de El Comercio.

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La misma medida y el mismo plazo fue solicitado para el cantante Richard Cisneros y para Liliana Chanamé Castillo, exdirectora de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, actualmente no habida ante la justicia.

Para la ex asistente personal del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca; así como para otros exfuncionarios del Mincul, la fiscal consideró que, por el momento, podrán afrontar la investigación en libertad.

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El pedido se produce tras el vencimiento de detención preliminar por siete días, que fue dictada por la juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sonia Bazalar.

La detención sustentó un posible peligro de fuga y de obstaculización contra las investigaciones.

Sobre este caso la fiscalía investiga dos aspectos: el primero se vincula a todas las presuntas tratativas y el proceso mediante el que se realizaron los contratos con el Ministerio de Cultura (Mincul) -vía órdenes de servicios- con Richard Cisneros. Como se recuerda, el cantante obtuvo diversos contratos con el Mincul. En total, fueron nueve órdenes de servicios entre julio del 2018 y abril del 2020 por S/175.400.

Y el segundo aspecto está vinculado a la presunta manipulación, ocultamiento y desaparición de elementos probatorios por parte de algunos investigados.

Cabe indicar que durante la audiencia de apelación ante la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, los abogados de los exfuncionarios y el cantante detenidos negaron las imputaciones en su contra.

Carlos Rodas, abogado de Morales, sostuvo que no se ha demostrado con ningún elemento que su patrocinada haya trasladado la orden para contratar a Cisneros en el Mincul.

Agregó que no existe peligro de fuga puesto que tiene una menor a su cargo y solicitó que se declare infundada la orden de detención y se disponga la libertad de esta.

Morales, a su turno, con la voz entrecortada, dijo ante el tribunal: “Siempre he mostrado mi mayor disposición a todo el proceso”. Agregó que anhelaba criar a su hija, pues esta la necesita.

El abogado de Óscar Vásquez, Francisco Núñez, sostuvo que su patrocinado no se reunió con Cisneros, que tenía arraigo domiciliario por tanto no había peligro de fuga y que su salud esta afectada.

Vásquez Zegarra, por su parte, calificó su detención como “arbitraria” y que obedecía a “una persecución política para dañar la imagen del presidente Martín Vizcarra”.

Juan Varillas, defensor de Richard Cisneros, dijo que sí cumplía con el perfil requerido por el Mincul, ya que es una cantante reconocido internacionalmente. Agregó que no ha obstaculizado la investigación y que no existían las razones mínimas para su detención.

A su turno, Cisneros Carballido dijo -ante la sala- que su detención es “desmedida”. “Les pido que se haga justicia, soy una persona honesta y correcta. No tengo una sentencia”, alegó.

Luis Elías, abogado de Liliana Chanamé, sostuvo que su patrocinada sí tien arraigo y que existe una insuficiencia de elementos de convicción e indebida motivación. Agregó que renunció al Mincul en febrero de 2020; y hace dos meses trabaja en Provías Nacional.

¿Cómo se habrían producido los hechos?

Según la tesis de la fiscal Sánchez-Porturas, se ha advertido en el transcurso de la investigación -iniciada en mayo- que el investigado Richard Cisneros se habría valido de la confianza, amistad o cercanía que tendría con el jefe del Estado, Martín Vizcarra, para que “este, al parecer, ‘recomiende’ y/o ‘disponga u ordene’ a otros altos funcionarios públicos, ministros de Estado, como Patricia Balbuena, exministra de Cultura, contrate al citado proveedor por servicios”.

Dichos servicios, apunta la fiscalía, habrían sido “innecesarios” y por eso se creó una necesidad de servicio, adecuando el perfil del proveedor solicitado al currículum vitae (CV) del cantante.

Dicho CV, agrega el Ministerio Público, habría sido entregado por Mirian Maribel Morales Córdova (ex secretaria general de Palacio de Gobierno), sin que Cisneros cumpla con la experiencia debida conforme al objeto contractual por montos sobrevalorados y otras irregularidades materia de investigación.

Para explicar ello, la fiscal se remite a otras órdenes de servicios similares contratadas por dicha cartera ministerial, cuyo montos podrían llegar a los S/3 mil; mientras que Cisneros llegó a cobrar hasta S/30 mil.

Las coordinaciones para los contratos, explica la fiscalía, se habrían dado entre 2018 y 2019, entre Cisneros y los entonces funcionarios cercanos al presidente Vizcarra como Mirian Morales, Karem Roca, Óscar Vásquez, la exministra Patricia Balbuena y el ex secretario general del Mincul Jorge Apoloni. Luego, otros funcionarios del Mincul se habrían encargado de hacer efectiva las contrataciones.

Pero, además, la fiscalía advierte que todos estos hechos habrían tratado de ser ocultados y hasta se habría eliminado el registro de las visitas que realizó Cisneros Carballido a Palacio de Gobierno.

Por ello, sostiene que Morales Córdova habría inducido a que un testigo declare falsamente en la investigación fiscal, “esto es, habría dado instrucciones, al parecer a Patricia Balbuena, respecto de qué debía decir en la presente investigación”.

Además, habría procurado la desaparición [eliminado] del material probatorio, “consistente en la información contenida en el celular de Patricia Balbuena, del que se infiere podría contener material probatorio para la presente investigación”.

La fiscal también sostiene que el exasesor Óscar Vásquez se habría reunido previamente a su contratación con el proveedor Richard Cisneros. También se habría comunicado con el cantante para “coordinar” actos de obstrucción a la justicia y habría participado en la presunta reunión y coordinación con los involucrados y testigos en la presente investigación -según audios difundidos- “donde al parecer habría inducido a testigos para que declaren falsamente”. Esto es, ponerse de acuerdo entre todos para “negar” los ingresos y reuniones previas del citado proveedor a Palacio.

Mientras que Karem Roca habría dificultado la acción de la justicia, pues habría desaparecido [eliminado] los registros de ingreso del investigado Richard Cisneros de la agenda del mandatario.

Delitos y posibles penas

Por todo ello, la fiscal Sánchez-Porturas ha postulado la presunta comisión de delitos contra la administración pública-corrupción de funcionarios y obstrucción a la investigación.

En ese contexto, los delitos han sido calificados de la siguiente manera según los implicados: por colusión agravada y alternativamente negociación incompatible han sido incluidos Richard Cisneros, Mirian Morales y Óscar Vásquez. Junto a ellos, los funcionarios y exfuncionarios del Mincul, Patricia Aída Tasaico, Diana Tamashiro Oshiro, Lincoln Matos Parodi, Aurora Quiñones Li, Liliana Chanamé Castillo y Manuel Salas Torrealba.

A Mirian Morales y Óscar Vásquez también se le imputa el delito de obstrucción a la justicia. Además, a Morales se le atribuye el delito de ocultamiento real, mientras que a Karem Roca el delito de falsedad genérica.

Según el Código Penal, la colusión agravada se encuentra sancionada con una pena de entre seis a quince años de cárcel, y la negociación incompatible está sancionada con penas no menores de 4 años ni mayores de 6 años de pena privativa de la libertad.

El delito de obstrucción de la justicia tiene una sanción penal no menor de 3 años ni mayor de 5 años de cárcel. Respecto al ocultamiento real y falsedad genérica, delitos aludidos por la fiscalía, se sanciona con una pena no menor de 2 años ni mayor de 4 años de pena privativa de la libertad.

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