El abogado del exgobernador regional de San Martín, César Villanueva, afirmó que este lunes oficializará la apelación contra la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz por los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht para adjudicarse la carretera San José de Sisa.
En diálogo con El Comercio, Segismundo Suárez afirmó que confía que la medida restrictiva será revertida en la segunda instancia judicial, ya que —a su juicio— el juez no respetó todos los requerimientos necesarios para dictaminar una prisión preventiva.
“Una prisión preventiva tiene que ser consentida sí y solo sí cumple con A, B y C requisitos que están previstos en el acuerdo plenario de la Corte Suprema. Por ejemplo, el fundamento numero 32 dice que toda declaración de un colaborador eficaz tiene que ser corroborada por otro medio probatorio. Eso lo dice, es de obligatorio cumplimiento, pero no se ha cumplido. El Ministerio Público presentó una solicitud deficiente e incompleta”, dijo.
Agregó que el excongresista de Alianza para el Progreso, y ex primer ministro del actual gobierno, permanece en la unidad de cuidados intermedios en una clínica local. Adelantó que será intervenido quirúrgicamente la próxima semana.
“Tiene dos infartos cerebrales que son dos coágulos que tienen que ser retirados quirúrgicamente, pero para que no genere más infartos cerebrales le están aplicando anticoagulantes. Entonces, le tienen que operar. Pero al tener anticoagulantes, no lo pueden hacer. Los médicos están viendo la forma de estabilizarlo de tal manera que permita operarlo, intervenirlo. Yo calculo [un plazo] dentro de una semana para que puedan estabilizarlo e intervenirlo quirúrgicamente”, explicó.
Por último, detalló que Villanueva permanece resguardado por efectivos policiales.
Como se informó, la fiscalía señala que Villanueva participó en “concertaciones” con Marcos Díaz Espinoza, exgerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; Eleuberto Antonio Martorelli, representante legal de Odebrecht para la obra; y Celso Gamarra Roig, representante de una ONG que asesoró a la constructora brasileña con el fin de ser favorecida en la licitación. También que “puso a disposición” de una organización criminal sus funciones y tuvo un aprovechamiento indebido de su cargo.
Le imputan los delitos de colusión, aprovechamiento indebido del cargo y asociación ilícita. Además, Villanueva es investigado por tráfico de influencias por supuestamente haber tratado de interferir y obstaculizar la investigación sobre la carretera San José de Sisa. Por ese otro caso estuvo con detención preliminar durante siete días.