La complicada situación financiera de la constructora Odebrecht ya afecta directamente el proceso de colaboración que sigue con la justicia peruana. El último miércoles, desde Curitiba, Brasil, llegaron dos imágenes que confirman que esto es así.
Antes de entrar a la sede de la fiscalía de Paraná, el procurador ad hoc para el Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, dijo que estaba a favor de devolver a la constructora los S/524 millones que quedaron como saldo de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. “Acá estamos prefiriendo un bien mayor, que es conocer la verdad”, dijo a Canal N.
Al salir, el mismo Ramírez narró que el interrogatorio al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata se tuvo que suspender debido a “problemas logísticos de la empresa por falta de liquidez”. Desde hace ocho meses –confirmaron tres fuentes vinculadas al proceso–, el holding no tiene dinero para pagar a la consultora que busca en sus servidores la información que sustenta las delaciones.
24.300 millones de dólares es el monto al que asciende la deuda del holding Odebrecht S.A. a escala global.
Las dos escenas grafican un problema que las autoridades peruanas enfrentan desde hace varios meses: tener que definir su estrategia en el Caso Lava Jato a la par que la supervivencia de la empresa en términos económicos.
En este escenario, Ramírez ha pasado de una posición técnica y distante sobre Chaglla, a una abiertamente a favor de la devolución.
–El dinero–
Los problemas económicos de Odebrecht en el Perú ya fueron analizados por este Diario en julio. En resumen, con una deuda que bordea los US$1.000 millones, una caja libre de apenas US$7 millones y activos líquidos por US$279 millones, la filial peruana está casi ahogada. “Está herida de muerte”, dijo Dagoberto Díaz, profesor de Finanzas de la Universidad del Pacífico, para describir la situación.
Pero el local no es el único frente por tomar en cuenta. En junio, la matriz brasileña Odebrecht S.A. entró a un proceso de recuperación judicial en su país de origen presionada por uno de sus acreedores más agresivos, la Caixa Económica Federal. Este banco estatal brasileño ahora le ha pedido a un juez que ordene la liquidación del grupo. Aunque resulta improbable que la solicitud se apruebe, al menos por ahora, es una muestra de la difícil situación que tendrá Odebrecht para evitar colapsar.
–La información–
La situación financiera de Odebrecht es clave en el proceso de entrega de información por dos razones. La primera, según fuentes del caso, es que el incentivo que tiene la empresa para entregar información sobre políticos corruptos es no desaparecer. La segunda es formal: necesitan dinero para pagar la búsqueda de información en los servidores.
Chaglla es un elemento central en esa ecuación porque era el último activo importante que le quedaba al grupo en el Perú. El otro, el gasoducto sur peruano, tiene todavía un arbitraje pendiente y una cláusula anticorrupción que, de activarse, complicaría el reclamo de la empresa. La devolución del dinero no solo iría a la bolsa común en Brasil, sino también mantendría operando a la filial peruana.
No obstante, el desembolso del dinero de Chaglla está bloqueado hace más de dos meses por un acápite que la jueza María Álvarez agregó cuando homologó el acuerdo: que Odebrecht no debía tener otros procesos penales o investigaciones en curso.
1.000 millones de dólares es la deuda aproximada de Odebrecht en el Perú, según cifras a las que accedió este Diario.
En un informe enviado al Ministerio de Justicia, la fiscalía interpretó la palabra ‘investigación’ como una preparatoria, no una preliminar, lo que allanó el desembolso del dinero. La procuraduría, sin embargo, había enviado una opinión más distante: que no se podía interpretar nada de lo dicho por la jueza, y que ella debía decidir. Odebrecht tuvo que pedir directamente a Álvarez que dé un veredicto. La posición que ahora ha expresado Ramírez, en cambio, se alinea con la de la fiscalía y ya fue enviada a la jueza.
–Defendiendo los casos–
“Estos beneficios se dan con la idea de no quebrar a la empresa, sino que pueda seguir reportando las pruebas y colaborando con la justicia peruana”, especificó Ramírez en Brasil. El objetivo, se entiende, es defender los casos.
El cálculo pendiente, sin embargo, es muy fino. Tanto la oposición como el presidente Vizcarra se han manifestado en contra de que se devuelvan los S/524 millones. Además, la información que ya han aportado los exdirectivos de Odebrecht podría usarse en los juicios sin su presencia, complementada con otras pruebas que consiga la fiscalía, explica el penalista Rafael Chanjan.
“Sería ideal que los exdirectivos de Odebrecht concurran al juicio oral para ratificarse en lo que han dicho anteriormente, pero ello no significa que el Ministerio Público dependa absolutamente de esta circunstancia. Es ideal, pero la fiscalía no está en una situación de dependencia absoluta de ello”, dice.
En un camino que cada vez se torna más estrecho y más espinoso, ya todos los actores importantes han tomado posición. La jueza María Álvarez, tras una audiencia reservada que se realizaría la próxima semana, tendrá la decisión final.