La Junta Nacional de Justicia (JNJ) buscará revertir la provisionalidad en el sistema de justicia, pues considera que esta condición es un factor de vulnerabilidad en la independencia en la actuación de jueces y fiscales, sostuvo el presidente de este colegiado, Aldo Vásquez.
“En el Perú contamos con cerca de 3,300 jueces y aproximadamente 1000 de ellos son supernumerarios. Además, existen unos 6500 fiscales, de los cuales más de 2600 son provisionales. Los jueces supernumerarios suman casi el 30% del total y los fiscales provisionales cerca del 40%. Debemos cubrir en los próximos años todas esas plazas”, afirmó.
En entrevista con el diario El Peruano, sostuvo que se necesita un cuadro nacional de jueces y fiscales sobre la base de indicadores objetivos que den cuenta puntual de la demanda real de estos magistrados en cada jurisdicción, con el fin de optimizar su despliegue en el territorio nacional.
“La JNJ tiene pues un enorme desafío durante el quinquenio de su mandato constitucional: revertir la provisionalidad en el sistema de justicia. Hay un amplio consenso en el sentido de que esta provisionalidad es un factor de vulnerabilidad, respecto a la independencia en la actuación de jueces y fiscales”, indicó.
Hace cerca de dos décadas, refirió, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) demandaba como meta que el 100% de jueces y fiscales fueran titulares.
“Debemos empezar a dar los pasos necesarios para alcanzar ese propósito. Necesitamos del acompañamiento de la sociedad, en general, y de la comunidad jurídica, en particular, para garantizar que de los procesos de selección resulten vencedores los más idóneos”, agregó Vásquez.
Denuncias ciudadanas
El presidente de la JNJ informó, además, que se siguen abriendo nuevos procesos, de oficio o por pedido de parte, y que en algunos casos ya se han impuesto sanciones definitivas y en algunos se adoptaron medidas provisionales.
Según explicó, los ciudadanos presentan denuncias que son calificadas en la JNJ. Cuando se trata de magistrados que no son supremos se remiten, según el caso, a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) o a la Fiscalía Suprema de Control Interno para su trámite.
“Si son jueces o fiscales supremos, un miembro de la Junta informa al pleno, que determina la apertura del procedimiento o su archivo, cuando la denuncia carece de mérito para su trámite. Estamos procesando en estos meses cerca de 200 denuncias”, puntualizó Vásquez.
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