Unidad de Investigación
En la mañana del viernes 18 de febrero, Karelim López Arredondo se presentó como aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público. Se sentó ante la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y el fiscal adjunto provincial Juan Carlos Davis del Piélago, ambos del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, para dar su primera declaración sobre escándalos de corrupción que se han dado en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo.
Su confesión, a la que El Comercio accedió en exclusiva, da detalles del papel de personajes cercanos que han sido relacionados con el mandatario, entre ellos Bruno Pacheco, Silvia Barrera, los empresarios Zamir Villaverde, Alejandro Sánchez (dueño de la casa de pasaje Sarratea donde Castillo despachaba), Luis Pasapera, los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Rudbel Oblitas Paredes, los ministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado y la propia López.
Lo más relevante de la declaración es que afirma que el presidente Pedro Castillo integra una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y dirige licitaciones del sector, el cual, pese a los constantes cambios en el Gabinete, ha estado a cargo de Juan Silva desde que el profesor de escuela rural asumió la presidencia.
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“Asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras, siempre con participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años; así también participan en esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa], y cinco congresistas de Acción Popular”, afirmó.
Según López, la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., de propiedad de Roberto Aguilar Quispe, está relacionada con los congresistas de Acción Popular denominados ‘Los Niños’. Los llamaban así porque, según la colaboradora, obedecían todo lo que decía el mandatario. Estos legisladores a su vez estarían conectados con Alejandro Aguilar Quispe, el verdadero dueño de la compañía mencionada y quien brindó su firma “para que tenga participación con las empresas chinas en el otorgamiento de la buena pro en el MTC, y quienes ya han sido beneficiadas con contratos millonarios”. Entre ‘Los Niños’ están los parlamentarios Raúl Doroteo, elegido por Ica, y Juan Carlos Mori Celis, elegido por Loreto. López entregó una lista de siete procesos de servicios del MTC en distintas zonas del país que habrían sido dirigidos de forma irregular. Los valores referenciales de estas obras están entre S/64 millones y S/225 millones.
La empresaria describió cómo operaba la presunta mafia en el MTC. Señaló que, al iniciarse el gobierno de Castillo, Villaverde “preparó el terreno para poner a los altos funcionarios” en el MTC. “Llevaba los currículums de los que iban a ocupar puestos en dicha entidad”, entre ellos el director de Provías Descentralizado. También cambió a varios gerentes de Provías Descentralizado y Nacional. “Todo lo veía con el ministro de Transportes, Juan Silva, quien es inamovible, pues él es íntimo amigo de Pedro Castillo. […] Sé que ha puesto en un período de dos meses hasta cuatro directores de los que pasaron por Provías, tanto Nacional como Descentralizado. En ese transcurrir, Villaverde entrevistaba a gerentes antiguos que trabajaban en el MTC y los seleccionaba para ver quiénes eran idóneos para la designación del MTC. Dentro de esos gerentes recuerdo la designación de Alcides Villafuerte, era un gerente de Provías de muchos años, pero Zamir Villaverde quería que él fuera el presidente de Provías Nacional. Eso fue desde aproximadamente setiembre del 2021. Sé de ellos porque Bruno Pacheco se opuso, discutió con el ministro de Transportes, Juan Silva, llegó al Consejo de Ministros ya con la designación y se entregó directamente a Pedro Castillo. Ese hecho motivó el reclamo de Bruno Pacheco al ministro Juan Silva y en la discusión el ministro Silva le dice a Pacheco que la designación era por pedido y gestión de Zamir Villaverde, a lo cual Bruno Pacheco manda a investigar a Alcides Villafuerte”.
De acuerdo con la declaración del 18 de febrero, Pacheco le contestó a López: “El ministro Juan Silva y los sobrinos de Castillo y Zamir no me permiten nada [en referencia a que Pacheco no podía intervenir en el tema de las obras], porque eso lo decide Pedro Castillo; yo en ese tema no puedo decidir nada, ni un currículum”. Pacheco también le mencionó a López que “no se preocupara” y que “no se meta en esos temas porque son mafias”.
“Bruno Pacheco aclaró nuevamente que la única persona que puede hablar de esos temas es Zamir Villaverde con los sobrinos de Castillo: Gian Carlo Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y [el] ministro de Transportes, Juan Silva, quienes ven directamente ese tema con el presidente Pedro Castillo”.
—Amenaza de muerte—
El 24 de febrero, en plena declaración a la fiscalía, Karelim López recibió una amenaza del correo alineate12@protonmail.com.
El mensaje decía lo siguiente: “No sabes con quién te estás metiendo. Corrige lo que estás diciendo o vas a estar prendiendo velitas por cada uno de tus hijos [...] No son amenazas vacías. Tenemos todos tus movimientos y los de tus hijos. Sabemos que hace días estás yendo a declarar. Retráctate”.
López apuntó que a fines de noviembre pasado acudió a una reunión en la que participó un sobrino del presidente Castillo, Rudbel Oblitas, quien le presentó a una persona presuntamente allegada al fiscal coordinador Omar Tello.
“[...] le presenta a una persona como el primo del fiscal coordinador de corrupción de funcionarios Omar Tello, cuyas características físicas eran alto, corpulento y con una fisonomía parecida a la del coordinador de corrupción, quien dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo”, señaló.
En otro momento, la asesora empresarial agregó: “Le dijo que todo iba a estar tranquilo y que el presidente Castillo se iba a reunir con el ‘number one’ del Ministerio Público, en alusión a Zoraida Ávalos”.
Este Diario buscó la versión del mandatario a través del director de Comunicación de Palacio de Gobierno, Rodolfo Idrogo, pero no se obtuvo respuesta. Vía redes sociales, el presidente Castillo sostuvo que la declaración de López carece de sustento y coherencia.
“La señora Karelim López ha brindado a la fiscalía declaraciones sin sustento jurídico ni coherencia”, apuntó. En otro mensaje a través de Twitter, el mandatario señaló que se trata de un ataque a su gobierno que responde a “maniobras antidemocráticas”.
En la misma línea, se pronunció su abogado Eduardo Pachas, quien declaró lo siguiente: “Una persona que no tiene pruebas puede decir cualquier cosa”.
El Comercio también intentó comunicarse con el área de prensa del Ministerio Público para recoger los descargos de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello. Sin embargo, no respondieron.
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