Unidad de Investigación
En una resolución de 118 páginas, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción declaró fundada la apelación del equipo especial Lava Jato y determinó que la ex primera dama Nadine Heredia deberá cumplir 24 meses de detención domiciliaria. La medida es por la investigación del Caso Gasoducto, a cargo de la fiscal Geovana Mori.
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Entre los principales argumentos para dictar la medida, la sala -conformada por los jueces Ramiro Salinas, Juan Guillermo Piscoya y Víctor Enrique Sumerinde- señaló que, tras el análisis de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, se “corroboraría la participación directa” de Nadine Heredia con los “graves hechos que se le atribuyen”.
El tribunal precisó que, a nivel de sospecha grave, se advierte la existencia de un “contexto de favorabilidad” para la empresa brasileña Odebrecht “a partir de tratativas subrepticias”. La sala indicó que estos configurarían el delito de colusión agravada en dos proyectos: Gasoducto Andino del Sur y Gasoducto Sur Peruano
La Sala de Apelaciones sostiene en su resolución que “resulta evidente” que para llevar a cabo los hechos realizados para “favorecer” a la constructora brasileña han debido de tener el “respaldo” de un grupo de personas “jerárquicamente organizadas”. “Por ello, también se encontraría verificada no solo la existencia sino la pertenencia de la investigada a la organización criminal conformada por los más altos funcionarios del país”, agregó en sus argumentos.
Asimismo, el tribunal consideró que se “verifica la existencia de un interés e injerencia” de Heredia Alarcón en el proyecto Gasoducto Sur Peruano para que sea adjudicado a Odebrecht. Para la sala, esta injerencia se “evidenciaría” en la designación del Consejo Directivo de Proinversión y del Comité de Proseguridad Energética.
“Se puede concluir, a nivel de sospecha fuerte, la existencia de un pacto colusorio y progresivo entre la imputada Heredia Alarcón, Humala Tasso y los funcionarios de Odebrecht para defraudar al Estado, todo ello en el marco de una asociación ilícita”, precisó.
En la resolución se indica que esta colusión se encontraría “reforzada” con la declaración del colaborador eficaz Jorge Simões Barata, quien ha aceptado haberse reunido con funcionarios del Estado Peruano como Jorge Merino Tafur, Eleodoro Mayorga -ambos exministros de Energía y Minas- y Nadine Heredia con el objetivo de actualizar sobre la situación de la empresa y las inversiones que se estaban haciendo en el país para no perder contacto con el gobierno.
“Esta afirmación, corroboraría de manera conjunta con los elementos de convicción ya anotados, permitirían concluir a esta Sala Superior sobre una efectiva participación por parte de la imputada Heredia Alarcón en los graves hechos que se le atribuyen”, añade.
Jefferson Moreno, abogado de Heredia, señaló a El Comercio que aún no le habían notificado de la resolución contra su patrocinada. “Voy a tener que revisarla primero”, dijo brevemente.
Cabe precisar que en primera instancia, el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Heredia fue presentado por la fiscal Mori. Sin embargo, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena lo rechazó.
Durante la audiencia de la apelación, Vela sostuvo que los declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces José y Hernando Graña no habían sido valoradas por el juez de primera instancia. Además, el representante del Ministerio Público mencionó que dichas declaraciones estaban comprobadas con otros testimonios, documentos y por agendas.
La fiscalía también remarcó en su apelación que la investigada no había negado reunirse con Barata y que estos encuentros no habían sido valorados por el juez.
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