Fiscalía planteó 100 preguntas a Pedro Castillo en interrogatorio

El presidente Pedro Castillo negó ayer ante la Fiscalía de la Nación que sea parte de una presunta organización criminal, haber cometido actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la adjudicación del proyecto Puente Tarata, en la región San Martín, o haber beneficiado a determinadas empresas.

Así lo indicaron fuentes fiscales a El Comercio después de que culminó el interrogatorio al jefe del Estado en la sede del Ministerio Público, en el Centro de Lima, el cual se extendió por tres horas. “Fueron cien preguntas y negó todo”, comentaron las fuentes.

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El interrogatorio fue dirigido por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, mientras que las preguntas estuvieron a cargo del fiscal supremo adjunto Samuel Rojas, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Las fuentes de este Diario indicaron que algunas de las respuestas del mandatario no fueron muy extensas. Incluso, comentaron que en determinados casos solo contestó que no recordaba, no conocía o no brindó demasiada información.

Añadieron que como respondió escuetamente las preguntas, el interrogatorio, que incluyó cien preguntas, se prolongó por casi 3 horas. Incluso, relataron, algunas interrogantes fueron objetadas por sus abogados, quienes solicitaron que estas fueran reformuladas.

Las fuentes agregaron que Castillo respondió resconocer a varios personajes que forman parte de la investigación y a otros que dijo conocer, no dio demasiada información.

Castillo es sindicado de integrar y encabezar una presunta organización criminal y de supuestamente haber participado en delitos de tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Además, es el primer presidente de la República en funciones que es interrogado como investigado por la Fiscalía de la Nación.

Pese a que Castillo trató de impedir la diligencia presentando un recurso de tutela de derechos ante el Poder Judicial con el fin de que se anule la investigación en su contra, este no había sido resuelto hasta las primeras horas del día.

Por ello, al promediar las 9:30 a.m., el mandatario confirmó que acudiría al interrogatorio. Minutos después, resguardado por un numeroso contingente policial, se trasladó caminando desde Palacio de Gobierno hasta la sede de la fiscalía, en la avenida Abancay.

Tras rendir su declaración y firmar las 32 páginas en las que se recogía su testimonio, abandonó la sede del Ministerio Público a bordo de un vehículo oficial.

Antes de llegar a la Casa de Pizarro, descendió de la unidad e ingresó caminando a la Casa de Pizarro. Ahí, Castillo ofreció unas breves declaraciones a la prensa: señaló que quedó satisfecho con la diligencia, pero no aceptó preguntas.

Luego, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que había ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tenía nada que ver con actos irregulares o de corrupción.

“A pesar de los obstáculos, de mentiras y señalamientos, pido a los peruanos confianza en que todos los objetivos planteados por el gobierno del pueblo se harán realidad”, destacó.

Benji Espinoza, uno de los abogados que acompañó a Castillo al interrogatorio ante la fiscalía, ratificó que su patrocinado negó que encabezara una presunta organización criminal.

“Preguntas sobre terceros, sobre hechos, todas han sido contestadas”, comentó el abogado Espinoza.

Al presidente Castillo se lo ha implicado en la presunta entrega de dinero de parte del empresario Zamir Villaverde –hoy en prisión preventiva– y la colaboradora eficaz Karelim López.

En el primer caso, un audio entregado por el aspirante a colaborador 02-5D-2022 aseguró que Villaverde había entregado S/30 mil al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y que este le habría comentado que el dinero era para el jefe del Estado.

El mismo colaborador aseguró que López había entregado dinero en efectivo al mandatario en Palacio de Gobierno y en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea, en Breña.

Según fuentes vinculadas al caso, sobre los audios, el presidente negó haber pedido o recibido dinero, como se escucharía comentar a Villaverde y Silva.

Castillo fue incluido en la investigación después que dos colaboradores afirmaron, ante las fiscalías anticorrupción y de lavado de activos, que él encabezaba una organización criminal que actuó en el MTC. En la red también estarían el exministro Silva y los sobrinos del jefe del Estado: Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

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Además, según estos testimonios, Castillo habría procurado beneficiar a empresas que lo apoyaron en la campaña y compañías chinas, respaldado por un grupo de parlamentarios conocidos como ‘Los Niños’.

En un comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que garantizó el pleno ejercicio del derecho de defensa del jefe del Estado y que se respetó el artículo 117 de la Constitución.