El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal tráfico de influencias agravado y colusión agravada “sin perjuicio de otros” ilícitos que se puedan advertir en el curso de las indagaciones.
A través de su cuenta de Twitter oficial, el Ministerio Público explicó que Castillo Terrones ha sido incorporado a la pesquisa que Sánchez ordenó, a inicios de mayo, en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, sindicados por la empresaria Karelim López como “Los Niños”, porque obedecían en todo al mandatario.
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La institución también refirió que el jefe de Estado “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política”.
El artículo 117 de la Carta Magna establece que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su mandato, por “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales”, por disolver el Congreso fuera del marco constitucional, “y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
La Fiscalía de la Nación, además, informó que se ha ordenado que se tome “la declaración indagatoria” del presidente Castillo, quien ya ha sido notificado de la disposición.
El pasado 6 de mayo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, por presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva por presunta colusión.
La fiscalía indaga si ellos integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encabezada por el presidente Pedro Castillo.
Los congresistas de Acción Popular son identificados como ‘Los Niños’, y presuntamente obedecían órdenes del presidente Castillo.
Según la fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero se encargó de captar y negociar con empresarios y estuvo conformado por el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El otro grupo se encargó presuntamente de la ejecución del delito y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. Ellos se habrían encargado de materializar el favorecimiento a determinadas empresas.
De acuerdo con la fiscalía, la organización tuvo una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles. El Ministerio Público señala que el exministro Silva Villegas, probablemente en contubernio con algún otro alto funcionario del Estado, habría formado parte del primer nivel de la presunta organización criminal.
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Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, le abrió dos investigaciones al presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato en julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petro-Perú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
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