El proceso judicial por el golpe de Estado del 7 de diciembre avanza. La Corte Suprema programó para este jueves 9 de mayo a las 11:30 am el inicio de las audiencias de control de acusación contra Pedro Castillo y otros procesados por este caso, en el que la fiscalía pide 34 años de prisión para el expresidente.
A través de una resolución del juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, se convocó a todas las partes involucradas para la sesión donde se iniciará esta fase. Estas son: las defensas de los acusados, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios y la Procuraduría General del Estado.
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Por este caso, la fiscalía también ha solicitado 25 años de condena para los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, así como para tres oficiales de la Policía: el general PNP Manuel Lozada, el comandante PNP Jesús Venero y el teniente PNP Eder Infanzón. En tanto, para el exministro Aníbal Torres se solicita una condena de 15 años.
| Acusado | Cargo al momento del golpe | Delitos | Pena solicitada | Inhabilitación solicitada |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pedro Castillo | Presidente de la República | -Rebelión (25 años) -Abuso de autoridad (3 años) -Grave perturbación de la tranquilidad pública (6 años) | 34 años | 3 años y 6 meses |
| 2. Betssy Chávez | Presidenta del Consejo de Ministros y congresista | -Rebelión | 25 años | 2 años y 6 meses |
| 3. Willy Huerta | Ministerio del Interior | -Rebelión | 25 años | 2 años y 6 meses |
| 4. Roberto Sánchez | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y congresista | -Rebelión | 25 años | 2 años y 6 meses |
| 5. Manuel Lozada | General de la PNP | -Rebelión | 25 años | 2 años y 6 meses |
| 6. Jesús Venero | Comandante PNP | -Rebelión | 25 años | 2 años y 6 meses |
| 7. Eder Infanzón | Teniente PNP | -Rebelión | 25 años | 2 años y 6 meses |
| 8. Aníbal Torres | Asesor de Betssy Chávez y expresidente del Consejo de Ministros | -Rebelión | 15 años | 2 años y 6 meses |
De esta forma, el control de acusación comenzará más de tres meses después de que la fiscalía presentó su requerimiento por este caso, a mediados de enero pasado. La demora, de acuerdo con fuentes de El Comercio consultadas para un informe previo, se debió a la alta carga procesal y al tamaño del caso.
Según conocio este Diario, la acusación consta de más de 900 páginas, mientras que los anexos superan las 15 mil. A esto se suma que el juez a cargo del caso, Juan Carlos Checkley, estuvo de vacaciones desde mediados de abril. El magistrado se reincorporó a sus labores esta semana y emitió el último jueves la resolución para convocar a la audiencia.
¿Qué se definirá en el control de acusación?
A lo largo de estas audiencias de control de acusación, el Poder Judicial definirá si el expresidente y el resto de procesados irán a juicio por este caso. Ese el propósito central de esta etapa, también conocida como etapa intermedia: definir si un caso cumple las condiciones para ir a juicio o si debe ser archivado.
Para ello, se deberá revisar que la acusación fiscal cumpla todos los requisitos de forma y de fondo para llegar a la etapa de juzgamiento, donde finalmente se definirá si el expresidente tiene responsabilidad penal por los hechos del 7 de diciembre. En caso se decida que el caso debe ir a juicio, también se evaluará qué pruebas se usarán allí.
El inicio del control de acusación representa el primer avance significativo del requerimiento fiscal contra Castillo, presentado en enero. Aun así, el control no tiene un plazo definido por ley: su duración dependerá, principalmente, de la velocidad y frecuencia con la que el PJ haga las audiencias.
Recursos por resolver
La resolución que convoca la audiencia, a la que accedió El Comercio, señala que Pedro Castillo presentó un recurso para anular la acusación en su contra, así como un recurso de sobreseimiento, cuyo objetivo es que el juez archive el caso en esta etapa, sin necesidad de que llegue a juicio.
La defensa del expresidente también presentó observaciones de forma a la acusación. Con ello, el juez también evaluará si hay defectos de forma, por los que la acusación podría ser devuelta a la fiscalía para que los corrija.
Por su parte, la defensa de Betssy Chávez también presentó observaciones por “defectos formales” y planteó dos recursos para archivar la acusación contra la exministra: una excepción de improcedencia y un sobreseimiento.
En el primero, la excepción de improcedencia, se argumenta que los hechos alegados por la fiscalía no configuran delito (en este caso, el delito de rebelión). En el segundo recurso, el sobreseimiento, se argumenta que no hay evidencia que sustente la acusación de la fiscalía
También presentaron observaciones formales y dos recursos para archivar el caso (sobreseimiento y excpeción de improcedencia) las defensas de los acusados Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesus Venero y Éder Infanzón.
En tanto, se indica que la defensa de Roberto Sánchez presentó observaciones formales y excpeción de improcedencia, y la de Aníbal Torres realizó “observaciones al requerimiento de acusación”.
¿Qué falta para llegar a juicio?
Todos estos recursos deberán ser sustentados por la defensa, rebatidos por la fiscalía y finalmente resueltos por el juez a lo largo de las audiencias de control de acusación. Para la primera sesión del 9 de mayo, sin embargo, se espera que todo inice con la acreditación de las partes. Luego de esto, la fiscalía pasaría a presentar y resumir su acusación.
Luego de la participación de la fiscalía, se pasa a una etapa conocido control formal, donde se determinan y resuelven los posibles errores de forma de la acusación. Si se supera esa fase, se pasa al control sustancial, que es donde se evaluarán los distintos recursos presentados para archivar el caso sin que llegue a juicio.
En ese escenario, el control de acusación avanza a su última etapa: el control de las pruebas. Cuando esta termina, el juez deberá emitir un documento llamado “auto de enjuiciamiento”, que resume la acusación y ordena formalmente que el caso vaya a juicio oral.
El eventual juicio estará a cargo de otros jueces, probablemente a los de Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Serían ellos quienes finalmente determinan la culpabilidad o inocencia de Pedro Castillo y el resto de acusados.