Pedro Castillo, durante la audiencia en la que se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, aprovechó los minutos que le brindó el juez para criticar al Congreso, a la prensa y para decir que los colaboradores eficaces que lo acusan son “comprados”.
El expresidente vacado tras perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022 negó haber cometido alguno de los delitos que se le imputan en la carpeta por presunta organización criminal y tráfico de influencias.
“Han armado un castillo de delitos con supuestos, con habría, tendría, con supuestamente, con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando ya tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente”, aseveró en alusión a la restricción que cumple por la investigación en su contra por el golpe de Estado.
Pedro Castillo llegó a señalar que los congresistas que respaldaron la denuncia constitucional en su contra también deberían ser considerados parte de la organización criminal porque “se pasearon en su mayoría por las oficinas del despacho presidencial”.
“Un Congreso de la República que hoy no le sirve al país y que tiene más de 6.500 vuelos al año [...] y que cuando el presidente de la República, con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. ¿Dónde está en verdad la presunta organización criminal?”, continuó.
“No solo he tenido dos ministros, he tenido muchos ministros que, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso que no le sirve al país, igual que esta prensa”, señaló desde el penal de Barbadillo.
Castillo Terrones estuvo presente de forma virtual durante toda la sesión acompañado por su abogado Eduardo Pachas, de la misma manera como participaron los abogados de los dos exministros de su gobierno contra quienes la fiscalía también ha pedido prisión preventiva: Juan Silva, prófugo hasta la fecha; y Geiner Alvarado.
Durante la audiencia, la fiscal Galinka Meza dijo que se considera a Pedro Castillo como presunto líder de una organización criminal que buscó copar puestos claves en el Estado para facilitar licitaciones y compras a favor de terceros que realizaban pagos ilegales a favor del expresidente y sus exministros Silva y Alvarado.
Para sustentar todos los delitos por los que calculó que el exmandatario podría llegar a cumplir hasta 32 años de prisión efectiva, mencionó que había colaboradores eficaces y testimonios de otros implicados como Karelim López y Zamir Villaverde.
Al final de la audiencia, el magistrado Juan Carlos Checkley anunció que el jueves 9 de marzo a las 3 p.m. será la audiencia en la cual leerá su decisión sobre el pedido de prisión preventiva.
El expresidente vacado insistió en pedir que las audiencias tanto en el Congreso como en el Poder Judicial se lleven a cabo de manera presencial para que “cara a cara decir que me demuestren de lo que hoy me acusan”. Todo esto, antes de pedir al juez que no atienda el pedido de prisión preventiva para que “no se abuse con la justicia nacional”.
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