Magaly Ruiz: ¿Por qué delitos podría ser investigada congresista acusada de apropiarse del sueldo de trabajadores?

LEE TAMBIÉN | Subcomisión debate acusación contra Betssy Chávez por golpe de Estado

El comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Poder Legislativo, dijo a “Punto Final” que abonaba una suma de S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por Ruiz.

También afirmó que Johnny Romero, asesor principal de la legisladora, era el responsable de cobrar los supuestos cupos, argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos de la campaña electoral 2021. Según diversos chats a los que accedió el programa dominical, la congresista estaba al tanto de la situación.

Tras conocerse el caso, la parlamentaria indicó que me sometería “a todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”. Posteriormente, anunció que pidió su licencia de la bancada de APP.

Asimismo, en diálogo con la prensa, cuestionó que el extrabajador hiciera la denuncia un año después de que supuestamente ocurrieran los hechos. “Lo está haciendo por un tema de trabajo, no voy a permitir que manche honras”. Ruiz evitó responder si retiraría a su asesor principal.

En tanto, APP adelantó mediante un comunicado publicado en Twitter que investigaría a Ruiz. En diálogo con El Comercio, Luis Valdez, secretario general de dicho partido, indicó que era probable que la organización política suspendiera la militancia de la legisladora hasta que los hechos se esclarezcan.

Valdez remarcó que el caso ya estaba en manos del Comité Político Nacional “para su análisis, deliberación y decisión”.

Por otro lado, la bancada de APP dio a conocer que retiró a Ruiz de las comisiones de Ética Parlamentaria y de Protección a la Infancia. Además, a través de un comunicado, exhortó a la legisladora a pronunciarse a la brevedad ante la ciudadanía y esclarecer los hechos denunciados.

LEE TAMBIÉN | Presos, investigados o denunciados: la Presidencia y el peso de la justicia | INFORME

En diálogo con este Diario, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y los penalistas Giuseppe Marzullo, Andy Carrión y Aldo Cárdenas señalaron que el caso cuenta con los elementos necesarios para que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación preliminar contra la parlamentaria Magaly Ruiz y su asesor Johnny Romero por el presunto delito de concusión.

Vargas Valdivia explicó que esta figura prevé la sanción del funcionario público que obliga a terceros a hacer un pago indebido. Agregó que las penas para este delito van desde los dos hasta los ocho años de condena más inhabilitación del ejercicio de cargos públicos.

“En este caso, la investigación la tendría que hacer una fiscalía anticorrupción y comprender a Ruiz y su asesor porque no se trata de un delito de función”, afirmó el exprocurador.

“En este caso, la investigación la tendría que hacer una fiscalía anticorrupción y comprender a Ruiz y su asesor porque no se trata de un delito de función”

Luis Vargas Valdivia, exprocurador anticorrupción.

Según Vargas Valdivia, “una de las primeras cosas” que la fiscalía tendría que hacer es levantar el secreto bancario de la parlamentaria. En el supuesto caso de que se encontrará un incremento patrimonial, que la congresista no puede sustentar, el abogado señaló que también podrían investigarla por enriquecimiento ilícito.

“Hubo en el pasado casos similares de parlamentarios que fueron condenados por este delito”, recordó.

LEE TAMBIÉN | Norma Yarrow pide que se incluya en informe final suspensión de Betssy Chávez y Roberto Sánchez

Para Carrión, la denuncia contra Ruiz calzaría en dos posibles delitos: concusión y enriquecimiento ilícito. Sobre el último, indicó que se sanciona al funcionario que abusa de su cargo y, a través de eso, incrementa ilícitamente su patrimonio. “Es evidente que en, en este caso, esto ha sucedido, porque se supone que el dinero está fluyendo por parte de los trabajadores”, argumentó.

El penalista añadió que si bien a este tipo de delitos se les conoce “delitos clandestinos” porque se suele manejar dinero en efectivo, en este caso hay una transferencia y chats que corroborarían la versión del extrabajador parlamentario.

Carrión comparó este caso con el del exparlamentario Michael Urtecho, quien es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito, etc. por presuntamente apropiarse de parte de los haberes de los trabajadores de su despacho congresal en los años 2006 y 2013.

LEE TAMBIÉN | Norma Yarrow pide que se incluya en informe final suspensión de Betssy Chávez y Roberto Sánchez

Por su parte, Giuseppe Marzullo opinó que en este caso la fiscalía podría investigar incluso tres posibles delitos: concusión, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible. Para el penalista, este último se habría “circunscrito al momento de la contratación” del personal a cargo de la legisladora Ruiz.

“En este caso se sanciona al funcionario que se interesa directa o indirectamente en cualquier contrato u operación en el que interviene directa o indirectamente por razón de su cargo. Si la congresista se interesaba en que se contrate a aquellos que estaban dispuestos a darle parte de su sueldo, podría configurarse ese delito. Si el asesor que mencionan en el reportaje también intervino, también sería incluido en la investigación por este delito”, apuntó Marzullo.

"Si la congresista se interesaba en que se contrate a aquellos que estaban dispuestos a darle parte de su sueldo, podría configurarse ese delito [negociación incompatible]"

Giuseppe Marzullo, penalista

LEE TAMBIÉN | Defensoría: Sentencia del TC a favor del Congreso constituye un retroceso y afecta independencia judicial

A su turno, Aldo Cárdenas, del Estudio Linares, recordó que los funcionarios están “impedidos” de hacer cualquier tipo de cobro, sean en efectivo o transferencias bancarias.

“Los hechos calzan en el delito de concusión, que sanciona a los funcionarios que abusando de su cargo obliga a terceras personas a entregar un beneficio patrimonial”, alegó.

Para Cárdenas, es poco probable que la congresista no supiera del accionar de su asesor. Añadió que esa tesis se sustentaría en el mensaje que le envió el extrabajador a la parlamentaria advirtiéndole sobre la conducta del señor Romero.

LEE TAMBIÉN | Betssy Chávez: Patricia Chirinos presenta denuncia en su contra y pide su inhabilitación por 10 años

Según “Punto Final”, el pasado 10 de febrero, el extrabajador del Congreso remitió un oficio dirigido al entonces oficial mayor del Parlamento, José Cevasco, ofreciendo a detalle su denuncia contra la parlamentaria. El documento llegó a la Comisión de Ética, de la que Ruiz fue integrante hasta este lunes.

Karol Paredes (APP), presidenta de dicho grupo de trabajo, confirmó a El Comercio que el caso se encuentra en la comisión. “El tema primero estuvo en oficialía, ahora ya está en la comisión y ya ha sido notificada la congresista [Magaly Ruiz]”, expresó.

Añadió que este lunes se daría cuenta sobre esta denuncia en la comisión y que seguirá el “debido proceso que corresponde”.

“Recién vamos a comunicar a la comisión para iniciar el proceso de indagación, luego investigación y luego, en caso de que se apruebe, seguiremos los otros pasos”, señaló.

Si la denuncia prospera en el grupo de trabajo y pasa al pleno del Congreso, Ruiz podría recibir una sanción que va desde una amonestación verbal hasta la suspensión del cargo sin goce de haber.

LEE TAMBIÉN | Congreso: Convocan a Junta de Portavoces para este martes 7 de marzo desde las 4:00 p.m.

La congresista Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) llegó a Palacio de Gobierno este lunes 6 de marzo, en medio de los cuestionamientos por la denuncia en su contra por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

La legisladora llegó a la sede del Poder Ejecutivo aproximadamente a las 8:50 a.m. Su ingreso fue de manera rápida y evitó declarar a los periodistas sobre la acusación.

Fuentes de Palacio indicaron a este Diario que Ruiz se reunió con el jefe del gabinete de técnico de la Presidencia. “En la reunión, además, estuvo la congresista Edith Julón representante de Cajamarca”, precisaron.

Agregaron que la mandataria Dina Boluarte “paso un momento por la sala [donde estaban Ruiz y Julón], camino a otra cita con autoridades regionales y locales y se detuvo a saludar a ambas legisladoras, pero no tuvo reunión con ellas”.

Llegada de Magaly Ruiz a Palacio

LEE TAMBIÉN | Fiscalía cita presencialmente a Dina Boluarte para este martes 7 en investigación por muertes en protestas

Magaly Ruiz, de 50 años, estudió Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Trujillo. Además, cuenta con una maestría en Estadística en la misma casa de estudios. De acuerdo a la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, fue, de 2011 a 2020, gerenta general de la empresa de transportes Moderno Grisales Express.

En 2020, fue nombrada presidenta de la Beneficencia Pública de Trujillo. Es militante de APP desde 2013 y se convirtió en congresista en 2021 por la región La Libertad tras haber obtenido 16,689 votos.

De acuerdo a Infogob, estuvo afiliada al Partido Aprista entre el 2008 y 2010. Previamente, en 2006 fue regidora distrital de La Esperanza (Trujillo, La Libertad) por Fuerza Democrática. En 2018, ostentó el mismo cargo, pero esta vez de la mano de APP.

Según informó el diario “Correo” en 2021, cuando Ruiz postulaba al Congreso, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad la investigaba por el presunto delito de peculado doloso. Dicho proceso se encontraba, en ese entonces, en la etapa de investigación preparatoria.