Gobierno de Pedro Castillo intentó adquirir equipos en Panamá para interceptar comunicaciones de la oposición

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder detuvo de manera preliminar este martes a Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, a quien se le imputa ser el coordinador de una presunta red criminal que tenía como objetivo “intimidar y atentar contra la integridad física” de los funcionarios” del Ministerio Público y de la Policía, así como de periodistas y colaboradores eficaces que brindaban información sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo.

Hernández Fernández y otras cinco personas son investigadas por los presuntos delitos de organización criminal y sicariato en agravio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; de la fiscal superior Marita Barreto; del coronel PNP Harvey Colchado; y el conductor de TV Phillip Butters, entre otros.

La resolución judicial que dispone la captura de “El Español”- a la que accedió El Comercio- recoge dos declaraciones ofrecidas por un agente especial, identificado como “José Alberto Medina Silva”. En la primera, realizada el 21 de octubre del año pasado, el policía da cuenta de un conjunto de comunicaciones entre el ciudadano extranjero y Carlos Daniel Barba Daza, oficial de la Marina en retiro.

Por ejemplo, relató que el 12 de setiembre, Barba recibió una llamada de “El Español” para coordinar una reunión presencial con el entonces presidente Castillo. La noche de ese mismo día, una persona, quien dijo ser funcionario de la Presidencia, lo citó para el 13 de setiembre a las 5:30 a.m. en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación, en el Centro de Lima.

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Una vez en el lugar, el oficial de la Marina en retiro fue recogido por Henry Shimabukuro, entonces asesor presidencial de Pedro Castillo, en un auto Sedad azul, marca Lexus con lunas polarizadas, y lo llevó al estacionamiento exterior de Palacio de Gobierno. Unos minutos después sube al vehículo una persona de la Oficina de Comunicaciones del Despacho Presidencial y se dirigen a la escuela de la Policía, ubicada en San Bartolo, al sur de Lima.

Ese día Castillo Terrones realizó una visita inopinada a la escuela de la Policía.

“Al término, el presidente Castillo aborda el vehículo por la puerta posterior derecha, y le propone al señor Carlos Barba hacerse cargo de la jefatura de la DINI, con la finalidad de buscar la manera de desacreditar tanto a la fiscal de la Nación como al coronel Colchado, y desacreditar toda aquella información sobre las acciones legales que viene enfrentando”, manifestó Medina Silva.

De acuerdo al testimonio del agente especial, el entonces jefe de Estado también le dijo a Barba que quería hacerle frente “a los opositores al gobierno”, “a través de equipos de alta tecnología que tengan la capacidad de obtener información de sus teléfonos celulares, de sus conversaciones, de sus chats, emails y otros”.

Y a pesar de que el oficial de la Marina en retiro se negó a aceptar la jefatura de la DINI, Castillo le sugirió integrar un grupo de “inteligencia paralela” al equipo ya formado por Colchado. Y le pidió que coordinara “con el amigo”, en referencia a Hernández.

Unas horas después, “El Español” se reúne con Barba en una cafetería de Chorrillos. En este lugar le explica a profundidad cómo se formaría el equipo de contra inteligencia y lo compromete a asistir a una feria de soluciones tecnológicas en Panamá “donde podrían acceder a las herramientas que necesita el presidente”.

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La segunda declaración del agente especial Medina Silva se dio el 6 de diciembre último, un día antes de que Castillo Terrones perpetrara un golpe de Estado. En esa oportunidad, refirió que Hernández se comunicó con Barba Daza para insistirle en la formación de un equipo de contra inteligencia “por fuera del sistema”, a fin de “tumbar a la fiscal de la Nación”.

“El Español”, además, le preguntó al oficial de la Marina en retiro cuánto dinero aproximadamente gastarían en adquirir equipos para interceptaciones y para asegurar las comunicaciones del presidente y de su entorno. La respuesta fue US$150 mil.

“[Hernández le dijo que él] se encargaba de conseguir el dinero, y señaló que los equipos irían a la Digimin. Asimismo, le solicita a Carlos Barba equipos de escucha y geolocalización, entre otros, porque necesitaba tener la capacidad de sacar todo tipo de información”, subrayó el agente especial.

En otra comunicación, el coordinador de la presunta red criminal le comentó a Barba que el congresista Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) estaba interesado en asistir a la feria de equipos electrónicos en Panamá, y le precisó que este asumiría sus gastos, como pasajes y estadía.

El oficial de la Marina en retiro- según la declaración de Medina Silva- le expresó su preocupación a “El Español” por la cercanía con Cordero Jon Tay, dado que pertenece a una bancada opositora al gobierno de Castillo. No obstante, “El Español” le dijo que el parlamentario “está apoyando bastante al gobierno al interior de la Comisión de Inteligencia”.

El viaje a Panamá se realizó en la quincena de octubre y Barba fue como asesor de la dirección de la Digimin. En el país centroamericano tomó contactó con el fujimorista, “con quien estaría durante los tres días que se desarrollo la feria, con la finalidad de asesorarlo en cuestiones de inteligencia electrónica”.

Durante ese tiempo, el operador de “El Español” tomó contacto con una empresa “que vende soluciones de interceptación de comunicaciones vía WhatsApp”. No obstante, la compañía se negó a seguir con las negociaciones, porque el oficial de la Marina en retiro había sido acreditado por el gobierno peruano.

“Ante este escenario el congresista Cordero y Barba no continuación con la negociación”, añadió Medina Silva.

Según el testimonio del agente especial, antes de la declinación de las negociaciones, Barba le comentó a Hernández Fernández que había “una solución para interceptar mensaje de WhatsApp”. “El Español” le refirió que el presidente Castillo estaba dispuesto a respaldar la compra, pero solicitó “una demostración”.

“Ante esto, Carlos Barba le indica [a Hernández] sí se puede hacer la demostración para lo cual le menciona que le solicite a Cordero el número [de celular] de la congresista Martha Moyano [quien entonces ya era primera vicepresidenta del Parlamento], como estrategia para seguir fortaleciendo la confianza [de parte del fujimorista] con ‘El Español’”, detalló Medina.

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Tras ello, “generaron una simulación de captura de pantalla de una conversación de WhatsApp”, aparentemente de Moyano.

Hernández le solicitó a Barba que pida el precio del equipo, pero horas después la negociación se terminó de caer por lo descrito líneas arriba.

“Dichos equipos iban a ser utilizados para la obtención ilegal de información de personas opositoras al gobierno, sobre todo de la fiscal de la Nación y del coronel Colchado. Estos equipos hasta donde tengo entendido no fueron comprados […] ‘El Español’ en todo momento [decía] de forma indirecta que el dinero iba a salir de la DINI o Digimin”, acotó el testigo.

El Ministerio Público, además, accedió a un conjunto de chats de WhatsApp entre “El Español” y Barba. En una de las conversaciones, que data del 27 de junio del año pasado, el ciudadano extranjero le envió al marino en retiro un documento PDF, donde se especifican los componentes de un programa para blindar las comunicaciones de Castillo y “para captar a los sapos”.

“Lo que quiero es armar una vaina donde pueda intervenir todo […] Yo creo que esa oficina se debe armar en el extranjero y tener las clases de acceso aquí. La compra sería a través de la Digimin, y en vez de cinco me pueden dar diez claves”, escribió Hernández.

En otro mensaje, del 26 de setiembre, “El Español”, le hace referencia a Barba sobre un “amigo congresista”, en clara referencia a Cordero, que quiere ir a Panamá.

“[Cordero] quiere abrir la comisión de contra inteligencia en el Congreso, anda perdido […] Quiere hacer un curso de contra espionaje”, señaló.

Tres días después, en un nuevo chat, Hernández le contó al marino en retiro que Cordero no pasaría su viaje a Panamá al Congreso, para evitar que sepan que se va.

Incluso, contó que Cordero “es pata” y que, al integrar la Comisión de Inteligencia del Parlamento, el gobierno de Castillo puede “hacer muchas cosas a través de él”.

Este Diario intentó comunicarse con el congresista de Fuerza Popular, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes, hasta el cierre de esta nota.

Este Diario intentó comunicarse con la portavoz de Fuerza Popular, Patricia Juárez, pero desde su oficina señalaron que no se iba a pronunciar hasta que su bancada defina una postura colectiva sobre la situación de Cordero.

Más información

Los cuatro integrantes restantes de la presunta organización criminal son el ciudadano español Sergio Castellanos Martínez; Jorge Fernando Cassanova Cubas, ex director general de la Digimin; el comandante PNP Engelbert Hugo Verastegui Díaz; y coronel PNP (r) Juan Esteban Asmat Bucalo.

El Poder Judicial ordenó el allanamiento e incautación de documentos en las casas de “El Español”, Shimabukuro y de los otros cuatro.

En el caso de Verastegui también se ingresó a su oficina en la sede policial de la Av. España.

Asimismo, dispuso el levantamiento de su secreto a las comunicaciones en la modalidad “de extracción de información en el mismo acto de incautación de celulares, laptops, USB”, entre otros.

La jueza Nalda Antaurco Flores dispuso solo la detención preliminar por 10 días de “El Español”.