El magistrado instructor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Henry Ávila, propuso ante el pleno de dicha institución la “destitución” del suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez, implicado en la investigación a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, según información obtenida por El Comercio.
Fuentes de la institución explicaron que se le atribuye haber cometido falta “muy grave” al haber vulnerado la Ley de Carrera Fiscal.
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Esta mañana, el fiscal supremo suspendido se presentó ante el pleno de la JNJ a fin de rendir sus últimos alegatos tras haber concluido su proceso disciplinario.
Al término de la audiencia, el Pleno de la JNJ, dejó al voto el pedido y pasó a debatir en reserva la resolución del caso.
Posteriormente, votarán el informe final que propone la máxima sanción para un funcionario del sistema de justicia.
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En enero último, la Junta Nacional de Justicia, destituyó al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry; así como al juez supremo Aldo Figueroa, al haber incurrido también en faltas “muy graves” por sus presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto.
Tomás Gálvez Villegas es procesado disciplinariamente por siete faltas. Por sus conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza se le atribuye haber “interferido” en el ejercicio de la función de la Sala Suprema que veía el caso de un rondero y que ello lindaría con el tráfico de influencias.
“Ha quedado plenamente acreditado que el fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas solicitó a Hinostroza Pariachi (…) califique positiva y favorablemente el recurso de casación interpuesto por el condenado (el rondero)”, se indica en el informe final.
Además, se le imputa haber “influido” de manera directa en las investigaciones del Equipo Lava Jato por indicar que estos habían desviado el curso de las investigaciones para favorecer a Odebrecht. Igualmente, se le proceso por haber “adelantado” a la prensa información sobre casos en reserva, así como por “interferir” en la estrategia del Equipo Lava Jato y “faltar el respeto” a dos periodistas.
En esa línea, habría incurrido en falta “muy grave” prevista en el artículo 13 de la Ley de Carrera Fiscal y debería ser sancionado en aplicación del inciso “b” del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia con la “destitución”.
En sus descargos, según pudo conocer este Diario, el aún fiscal supremo suspendido sostuvo que su inclusión dentro del caso Los Cuellos Blancos del Puerto fue por la incomodidad que causó su crítica hacia el acuerdo de colaboración que se firmó con la empresa Odebrecht.
Tomás Gálvez: “Las imputaciones son absolutamente falsas”
En el documento enviado a la JNJ y que sustentará hoy, afirmó que el vocal instructor descontextualiza y omite las pruebas a su favor dentro de su informe final, proponiendo así su destitución.
Por tanto, sostiene Gálvez, no podría haber un pronunciamiento pues los elementos probatorios no se basan en razonamientos jurídicos; sino en conjeturas de recortes periodísticos con los que buscan “justificar una destitución”.
“Las imputaciones son absolutamente falsas y las conversaciones telefónicas que sostuve con el exjuez César Hinostroza, con las cuales sustentan la denuncia, son lícitas, no tienen sentido antijurídicas, por el contrario, se refieren a actos realizados en cumplimiento de mis funciones”, sostuvo.
Gálvez Villegas fue comprendido dentro de un proceso disciplinario en febrero del 2020 y posteriormente, en julio de ese año, fue suspendido de sus funciones.
Durante la audiencia, el suspendido fiscal sostuvo que se le quiere “destituir a como dé lugar”, porque esa es la “consigna” del expresidente Martín Vizcarra, a quien denunció por el caso Chinchero.
Sostuvo que su caso es tratado de manera diferente al de otros magistrados procesados ante el JNJ, como fue el caso del juez supremo César San Martín, a quien se sancionó con la medida de suspensión por audios también devenido del caso Los Cuellos Blancos.
“Así como ellos conversaron y se consideran sus conversaciones lícitas; así también mis conversaciones son lícitas”, dice
En declaraciones a El Comercio, Luis de la Cruz, defensa legal de Gálvez Villegas, sostuvo que el proceso disciplinario y propuesta de destitución, vulneran el debido proceso. Ello -dijo- debido a que todo el trámite de la investigación se hizo sobre la base de recortes periodísticos.
Explicó que en los procesos disciplinarios inmediatos “se hacen cuando hay prueba flagrante”, pero “en el caso de mi patrocinado no la había, pero igual le abrieron un proceso inmediato, luego los suspenden sin tener elementos de prueba. Por eso ampliaron sus suspensión para actuar pruebas”.
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