Local USA pesar del anuncio realizado por el Ejecutivo al iniciar la semana, el retorno al Perú del investigado empresario Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, amigo y financista del expresidente Pedro Castillo y quien viene —a través de su defensa— argumentando persecución política para mantenerse en Estados Unidos (EE.UU.), todavía podría extenderse y demorar mucho más.
El último lunes, la canciller Ana Cecilia Gervasi indicó que “se nos ha informado que las autoridades estadounidenses le han negado el asilo que había solicitado el señor Sánchez”. Ello, a más de un mes desde que fuera detenido en el estado de Texas al ingresar de forma irregular a los EE.UU.
“Sin embargo, ha apelado, y esa apelación será decidida por las autoridades norteamericanas en los próximos días, de manera que esperamos que muy pronto pueda ser deportado al Perú para hacer frente a la justicia”, agregó en conferencia de prensa.
EL CAMINO AÚN ES LARGO
En entrevista con El Comercio, el abogado Alexandros H. Cornejo, especialista en temas migratorios licenciado en New York, consideró que el camino para resolver la solicitud de asilo del investigado Alejandro Sánchez Sánchez todavía es largo y que bien podría tomar algunos meses más e, incluso, años. Remarcó que “nadie decide un asilo tan rápidamente, eso es incorrecto”.
El abogado del Grupo Legal Cornejo explicó que el asilo “es un derecho reconocido por la mayoría de los países en el mundo bajo jurisprudencia” en el que una persona “tiene que demostrar un temor bien fundado de retorno a su país por pasada o futura persecución”. Y que el mismo te ampara por raza, nacionalidad, orientación sexual, pero también por opinión política y/o membresía en un grupo social determinado.
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El abogado Alexandros H. Cornejo precisó que hay dos tipos de asilo: el asilo afirmativo, que es para personas legalmente admitidas en EE.UU.; y el defensivo, es que es para migrantes irregulares que se enfrentan a un proceso de expulsión, lo que ocurre en el caso de Alejandro Sánchez.
El especialista comentó que el “asilo defensivo, básicamente, te abre tres frentes de batalla”. El primero, tiene que ver con el USCIS (United States Citizenship and Immigration Services), que es el centro de inmigración ciudadana que recibe la aplicación del asilo. El segundo, el ICE (Immigration and Customs Enforcement), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de supervisar a personas que están en EE.UU. y que no han sido legalmente admitidas.
Y el tercero, es el que se abre propiamente frente al tribunal de inmigración, que es la instancia que tiene la potestad de resolver finalmente la solicitud de asilo.
“Lo que va a pasar es que cuando él pida asilo, va a haber una audiencia preliminar y luego una audiencia de mérito, en donde se va a decidir la fortuna del señor Sánchez. Así él fuera a perder su petición de asilo, uno puede apelar al bord de Apelaciones de Migración, lo cual le concede dos años para poder estar esperando su apelación y, si él pierde esa apelación, también se puede ingresar el caso a la corte federal”, explicó el abogado.
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La Agencia de la ONU para los Refugiados señala, justamente, que hay tres etapas en el proceso de asilo defensivo: una primera audiencia preliminar; luego una audiencia individual o audiencia de mérito, en donde participa un representante del Departamento de Seguridad Nacional; y una tercera en caso de apelación, ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
El abogado Alexandros H. Cornejo también mencionó que paralelamente a lo que se resuelva la solicitud de asilo, existe la posibilidad de que se haya presentado una solicitud de fianza, a fin de que Alejandro Sánchez afronte ese proceso en libertad.
ARGUMENTO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
En diálogo con El Comercio, el abogado de Alejandro Sánchez en Perú, Tomás Gálvez Villegas, incidió en que la justicia migratoria norteamericana todavía no se ha pronunciado sobre el pedido de asilo de su patrocinado, y remarcó que, de hacerlo, todavía se podría presentar apelaciones y recursos extraordinarios para evitar su deportación al Perú.
“Es un informe de la Policía [norteamericana] que ha salido negativo. Pero en la Corte recién se va a ver en estos días, y lo que resuelva ahí, en primera instancia, es apelable hasta dos veces. Y ahí todavía puede haber un habeas corpus”, remarcó Gálvez.
Para el abogado de Sánchez, el caso “todavía está en trámite” y no hay una decisión definitiva. “Obviamente el primer punto ha salido negativo, pero se dice que en realidad la primera persona que lo entrevistó no entendía bien español y que no ha entendido bien el caso”, agregó.
El Comercio solicitó a la Cancillería la precisión sobre qué instancia o sede fue la que se había pronunciado sobre la situación de Sánchez, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.
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Según Gálvez, en EE.UU. un abogado que forma parte de una asociación que asesora refugiados y perseguidos políticos ha asumido el caso de Sánchez. Allá se ha planteado un caso de persecución política para evitar que sea expulsado al Perú.
Entre los argumentos presentados para ese fin está la denegatoria que realizó la Interpol para emitir la alerta roja contra Sánchez y así efectuar la captura internacional, en aplicación al artículo 3 de su estatuto, el cual indica que está prohibida toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Una interpretación que, según Gálvez, hizo la propia Interpol sin un pedido de parte.
“Ellos [La Interpol] dicen que tiene contenido político y por eso no sale la captura internacional. De ahí toman la idea y después ya reúnen alguna información y con eso solicitan el asilo. (…) [La Interpol] Adujo que tenía algún contenido político, y eso nadie le ha pedido a Interpol ni nada sino lo han evaluado a ellos”, recalcó Gálvez.
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El investigado Alejandro Sánchez fue detenido el jueves 7 de setiembre por su ingreso irregular a EE.UU., mas no por las imputaciones que le hacen las autoridades peruanas de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, debido que a que no estaba vigente en su contra una orden de captura internacional.
Días después de conocerse su detención y ante las interrogantes, el Poder Judicial dio cuenta que se requirió “oportunamente” la inmediata ubicación y captura del empresario, tras dictarse la orden de 30 meses de prisión preventiva en su contra, la cual se mantiene vigente en Perú. Sin embargo, que el organismo internacional no accedió a la solicitud de la justicia peruana.
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