La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos presentó el pasado 29 de marzo una denuncia constitucional ante el Congreso contra el contralor general de la República, Nelson Shack, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido a supuestas designaciones ilegales de gerentes de control en Moquegua e Ica.
La acusación de Ávalos se originó por una denuncia del secretario general del sindicato de trabajadores de la Contraloría, Ghino Alarcón Núñez, quien sostuvo que Shack designó en el 2018 de manera irregular a Jackelin Mellado Alania y Roy Vera Chung como gerentes regionales de control en Moquegua e Ica, respectivamente.
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Alarcón sostuvo que Mellado y Vera no cumplían con los requisitos para ejercer sus cargos. Por este caso, la fiscalía recogió los testimonios de seis funcionarios de la contraloría y los descargos de Shack, así como informes técnicos, resoluciones y otros documentos, que la condujo a detectar un presunto delito.
En el 2019, Shack aseguró a la fiscalía que Mellado y Vera fueron contratados luego de un proceso de selección que determinó que sí cumplían con los requisitos, pero tras las investigaciones preliminares, la fiscalía le imputa haberse interesado indebidamente en esas designaciones.
Entre otros indicios, una asesora del despacho del contralor aseguró que el propio Shack le entregó en físico el currículum vitae de Mellado, una comunicadora social sin experiencia en control gubernamental, según consigna la denuncia constitucional que Ávalos presentó ante el Congreso.
La contraloría señaló que la denuncia constitucional se basa en un caso ya desestimado por la subcomisión. Añadió que si habría alguna omisión de Shack, “se tratarían de situaciones del ámbito administrativo, más no penal, como apresurada y a última hora ha señalado lamentablemente la exfiscal de la Nación”.
Añadió que el contralor está dispuesto a participar de las diligencias que el Congreso realice.
Shack ejerce como contralor general de la República desde el 2017. En tanto, Ávalos dejó el cargo de fiscal de la Nación por vencimiento de plazo el mismo día que presentó la denuncia, y fue reemplazada de manera interina por Pablo Sánchez.
La denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso.
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