A pedido del fiscal José Domingo Pérez, el Poder Judicial ordenó el allanamiento, desalojo e incautación de dos inmuebles -en Chilca, Cañete- vinculados al esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, quien es investigado por presunto lavado de activos y otros delitos y para quien el Ministerio Público ya ha solicitado 22 años y 8 meses de cárcel.
En marzo pasado, el equipo especial Lava Jato presentó la acusación fiscal contra Keiko Fujimori, Mark Vitto Villanella y otros por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, tras la investigación por el caso de los presuntos aportes ilícitos a Fuerza Popular.
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La resolución fue expedida por el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday, quien está a cargo de evaluar la procedencia de la acusación fiscal.
El documento aprueba la medida cautelar solicitada por el fiscal José Domingo Pérez de “incautación, allanamiento y desalojo” de dos bienes inmuebles con fines de su decomiso y posterior entrega al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Las dos propiedades son los lotes 8 y 9 de la manzana “N” de Lomas de la Chutana, en el distrito de Chilca, en Cañete, sobre los cuales la fiscalía considera que se habrían usado dinero de procedencia ilícita para su adquisición a la inmobiliaria “La Chutana”.
Giulliana Loza: “Es puro show mediático, una medida ilegal”
Al respecto, Giulliana Loza, abogada de Villanella, rechazó la medida, calificándola como “ilegal” y señaló que se trata de “puro show mediático, “en un momento decidido y muy delicado para el país”.
“Inexplicablemente se ordena incautación de terrenos de Mark Villanella, donde no hay absolutamente nada y que ya fueron embargados anteriormente dentro del mismo proceso”, escribió en su cuente de Twitter.
“Es una medida ilegal. Según el artículo 316 del Código Procesal Penal, las incautaciones solo proceden durante la investigación preparatoria y esta ya fue cerrada por el fiscal el 11/3. Además, esta medida no cabe sobre una propiedad que ya fue embargada”, sentenció.
El allanamiento aprobado por Víctor Zúñiga es por un plazo de hasta 48 horas y tiene una vigencia máxima de dos semanas, además de considerar una orden para desalojar a las personas que se resistan a abandonar las propiedades.
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