El contralor general de la República, Nelson Shack, consideró que los investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) llevaron a cabo un “pseudo ensayo clínico” para realizar un “tráfico de vacunas” contra la COVID-19. Indicó que al tratarse de un centro de estudios privados, la Contraloría General de la República no puede intervenir la institución.
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Además, cuestionó que dicha universidad no haya dado una explicación sobre dónde están las vacunas restantes de las 3200 dosis de Sinopharm, destinadas para el personal médico a cargo del estudio clínico del laboratorio chino en el Perú.
“No puede ser que no haya explicación respecto a donde están las vacunas, estas tienen que aparecer. Es realmente decepcionante de ver todo lo que ha pasado con este tráfico de vacunas en el marco de un ‘pseudo ensayo clínico’ que evidentemente pareciera que, sin perjuicio de todas las investigaciones que se tienen que hacer, claramente estas 3,200 vacunas no eran parte, en realidad, del ensayo clínico”, sostuvo en diálogo con Canal N.
“La evidencia que estamos recolectando es todavía primaria, se han acreditado comisiones en el INS, en Digemid, en la propia Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lamentablemente la UPCH está fuera de nuestro ámbito. El vacunarse en una circunstancias como esta no es solo un acto irregular, sino que hay ilegalidades de por medio que se van agravando a medida que se vaya viendo cuál ha sido la participación de estos funcionarios en la compra de vacunas”, señaló.
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En esa línea, Shack lamentó que “un grupo de funcionarios públicos” se hayan aprovechado “del poder de su cargo para que se vacune toda su familia”, y consideró que han cometido faltas “de índole penal”.
“Hemos identificado que hay 462 peruanos, alrededor de 9 extranjeros, pero lo curioso es que no solo hay funcionarios públicos, sino que mas 69 personas que conforman 26 grupos familiares y de ellos 19 tienen que ver con funcionarios públicos. No estamos hablando solamente de una responsabilidad del rompimiento del código de ética, de la vulneración de la ley servir o la ley marco del empleo público sino que además hay un grupo de funcionarios que aprovechando, abusando del poder de su cargo ha logrado que se vacune a toda su familia”, indicó.
“Hay un grupo de funcionarios en donde claramente las responsabilidades ya no son administrativas, sino de índole penal y han participado directamente en los procesos de negociación y en los procesos de suscripción de los contratos que se han efectuado con Sinopharm”, añadió.
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