(Editorial) El autogolpe de Cristina

Primer acto: El presidente de la República plantea reformas legislativas. Segundo acto: Las reformas reciben el rechazo de los otros poderes del Estado. Tercer acto: El presidente cierra los demás poderes a la fuerza. ¿Suena familiar este relato?

Al inicio de su primer mandato, Alberto Fujimori no contaba con mayoría partidaria en ninguna de las dos cámaras del Parlamento. Tampoco el Poder Judicial ni los organismos constitucionalmente autónomos como el Tribunal de Garantías Constitucionales o el Consejo Nacional de la Magistratura le resultaban favorables. Así, autojustificándose en la necesidad de implementar las reformas para sacar al país de la grave crisis en la que se encontraba, Fujimori decidió tomar el control de todos los poderes del Estado valiéndose de la fuerza militar. Fue un autogolpe el del 5 de abril de 1992, porque en él quien clausuró poderes del Estado para concentrar el poder en sus manos fue el propio gobernante.

La semana pasada, el 8 de abril del 2013, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, presentó ante el Congreso argentino una serie de proyectos de ley para “democratizar la justicia”. Los principales cambios que plantea el partido de gobierno y que han motivado las más duras críticas de los constitucionalistas argentinos consisten en: aumentar los integrantes del órgano encargado de nombrar a los jueces de 13 a 19 (curiosamente, en el 2005, la misma presidenta Kirchner promovió la reducción de 20 a 13 miembros), elegirlos por voto popular y en sufragio universal, crear nuevas cortes de casación y restringir las posibilidades de los jueces para el dictado de medidas cautelares contra el Gobierno, entre otras. Como se puede ver, se trata en todos los casos de medidas que apuntan no a “disolver” directamente al Poder Judicial (PJ), pero sí a algo que tendría el mismo efecto práctico: a disolver en él a los jueces que hoy se atreven a parar al gobierno kirchnerista.

Es importante resaltar que detrás de esta embestida contra el PJ, se encuentra otra, más antigua, contra la libertad de prensa: la ya famosa “Ley de medios”, que una mayoría oficialista aprobó en el Legislativo en el 2009 y por cuyo efecto el principal grupo de comunicación que hace oposición al Gobierno de Kirchner –el grupo Clarín– tendría que renunciar a un importante número de licencias de radio y televisión en el ámbito nacional y local. Una norma que busca operar retroactivamente al anular licencias vigentes y legalmente obtenidas, y que parece haber sido concebida con nombre propio.

Sucede que el grupo Clarín cuestionó judicialmente la constitucionalidad de esta norma y obtuvo una medida cautelar que frenaba la renuncia a sus licencias hasta que hubiese una sentencia definitiva. Y sucede también que ello le malogró la fiesta al Gobierno que había anunciado con bombos y platillos el 7 de diciembre del 2012 como el día en que haría efectivo el mandato para que los medios dejaran sus licencias (una fiesta que ha sido cancelada definitivamente esta semana cuando dos de los más controversiales artículos de la ley de medios han sido declarados inconstitucionales por el PJ).

En este contexto, tenemos que más que un ataque contra tal o cual contrapeso del poder central, lo que está haciendo el gobierno de la señora Kirchner es un ataque contra la idea de contrapesos en sí, sean los que fueren. Cuando la prensa le fue un obstáculo intentó cercenarla y cuando el PJ defendió los derechos de la prensa ha ido tras la cabeza de este.

Por otra parte, como quiera que el PJ es un poder del Estado, lo que está intentando Kirchner al intervenirlo para someterlo a su control, se parece mucho a un autogolpe de Estado como el que comenzamos comentando y como tantos otros que ha visto el subcontinente. La única diferencia es que Cristina Kirchner no está usando la fuerza militar (que en cualquier caso es hoy en día una opción poco viable gracias a la presión internacional). Para cerrar en los hechos al PJ independiente que hoy, pese a todo, hay en Argentina, la señora Kirchner está usando la opción “legal”: una mayoría congresal a la que no tiene que preocuparle mucho la Constitución porque, una vez apruebe esta medida, ya no tendrá al frente a un PJ que se la recuerde.

No hubo tanques en las calles, ni mensajes a la nación con énfasis en la palabra “disolver”, pero el 8 de abril y bajo el grito de “democratizar” podría haber empezado el lamentable último acto de un nuevo gobierno latinoamericano en el camino para convertirse en una dictadura.