(Editorial) De balas y otras percepciones

El ministro Albán nos ha sorprendido y preocupado hace unos días cuando, al ser preguntado sobre el estado de la seguridad y el desborde delincuencial que vive el país, solo atinó a contestar que “no hay racha [de crímenes]” y que “lo que está ocurriendo es que hay cada vez una mayor visibilidad de ciertas organizaciones y ciertas bandas”. Una respuesta en el orden de las que daba su tan ineficaz antecesor en el cargo, el ministro Pedraza, y de las que le costó su puesto al anterior primer ministro. Es decir, en la línea de sostener que el tema de la delincuencia fuera de control –primera causa de la desaprobación presidencial en las encuestas– sería básicamente uno de percepción ciudadana.

No hay que recurrir a teorías de ningún tipo para notar que esta insistente respuesta-reflejo del Gobierno no tiene asidero alguno en la realidad y que resulta más bien un tanto necia frente a esta. Tampoco es necesario acudir a anécdotas (pese a que cada semana nos trae historias más truculentas de asaltos, balaceras y asesinatos). Hay estadísticas.

Así, por ejemplo, en lo que va de este gobierno, según el propio Ministerio del Interior que encabeza el señor Albán, el número de personas que ha ido a una comisaría a denunciar delitos violentos ha subido en 37%. Según el INEI, por su parte, 38 de cada 100 encuestados declararon haber sido víctimas de la delincuencia entre julio y diciembre del 2012. Mientras que, conforme a la Asociación de Bancos del Perú, el asalto a bancos y cajeros aumentó en 100% este año respecto al 2012. La disparada de la delincuencia, por lo demás, es algo que ya había sido advertido por el Latinobarómetro en el 2012, cuando informó que durante el año anterior la tasa de victimización en el país había saltado dramáticamente de 29% a 40%, convirtiéndonos en el país con el porcentaje más alto de América Latina después de México.

Lo anterior, sin negar que el crecimiento acelerado de la delincuencia en el país es algo que viene ya desde el gobierno aprista, que se mostró absolutamente incapaz a la hora de lidiar con el problema. Simplemente sucede que el problema ha continuado con la misma viada en este gobierno, y que, claro, ya son muchos años de “crecimiento acumulado”.

Entonces, acá no cabe hablar de “problema de percepciones” alguno. Al menos no para quienes a las cifras nos remitimos.

Por supuesto, el tema no solo alcanza al señor Albán. Este se ha vuelto el punto por el que será juzgado, por encima de cualquier otro, el éxito o fracaso del presente gobierno.

El actual primer ministro entendió bien esto último cuando al asumir el cargo planteó una serie de propuestas para resolver el problema de la inseguridad, y cuando algún tiempo después afirmó: “Si no puedo cumplir con lo ofrecido [en los próximos seis meses], yo no soy un hombre de dudas y vacilaciones, me voy, me interesa un pito el cargo de primer ministro”. Sin embargo, todavía no se sabe de las medidas concretas que se han tomado ya para que el ministro no tenga que partir en unos pocos meses más (ni, por cierto, se conoce a qué medidor se remitirá para saber, al cabo de los seis meses, si avanzó o no en la resolución del problema).

Más concretamente, el esencial tema de la reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) parece ser todavía un asunto más de anuncios y planes que de reformas concretas ya emprendidas. Reformas que, dicho sea de paso, son posibles pese a lo crónicos y arraigados que son los problemas de nuestra PNP. Después de todo, hay casos internacionales de reformas policiales que parecían aun más difíciles y que sin embargo fueron exitosamente abordadas. Por ejemplo, hasta comienzos de los noventa la policía de Nueva York era considerada una de las más corruptas del mundo y, la ciudad misma, una de las más inseguras.

De esta forma, sería bueno, por ejemplo, saber en qué se ha traducido a la fecha el plan de lucha frontal contra el endémico problema de corrupción y patrimonialismo que tiene la PNP. Y en qué lo ha hecho el anunciado programa piloto para el control de zonas de alta peligrosidad que se supone entrará en funcionamiento este enero en Lima-Callao, Trujillo y Chiclayo. Y lo mismo sobre la instalación de la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de orden interno que articulará los registros policiales con los de otras instituciones para mejorar la lucha contra el crimen. Entre tantos otros ejemplos.

El gobierno, en fin, debe hacer pública una estrategia clara de lucha contra la delincuencia, con proyectos concretos, fechas determinadas y metas monitoreables. De lo contrario, tendremos que tomarle la palabra cuando nos repite que cree que este es esencialmente un problema de imagen. En cuyo caso, lógicamente, a los desafortunados ciudadanos solo nos quedará esperar que, en lugar de con un plan de seguridad, intente corregirlo con una buena campaña publicitaria.