El miércoles pasado el JNE, la ONPE, el Reniec, la Defensoría del Pueblo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Civil Transparencia, IDEA Internacional y el Consejo de la Prensa Peruana desarrollaron el Primer Diálogo Nacional por la Reforma Política y Electoral, con la idea de revisar las principales reformas políticas presentes en el debate nacional y reafirmar la necesidad de aprobarlas.

Un primer paso ya lo dio la Comisión de Constitución, que ha aprobado subir la valla para las alianzas electorales a razón de 2,5 puntos por cada miembro de la alianza, lo que sin duda ayudará a reducir el número de partidos y que los que se mantengan se consoliden. Asimismo, ha aprobado su financiación pública a partir del 2014, lo que es necesario para permitirles mayor presencia en el interior (siempre y cuando se cree también un sistema que los obligue a rendir cuentas de forma transparente). Ahora se plantea eliminar el voto preferencial, lo cual sería muy positivo, pues este fomenta el surgimiento de caudillos o tiende a favorecer a quien más dinero pone en la campaña (sin embargo, esta última reforma podría estrellarse contra la realidad: los actuales congresistas que son hijos del voto preferencial probablemente no estén dispuestos a eliminarlo).

Por otro lado, una importante reforma pendiente es el establecimiento de un sistema de distritos uninominales. Es decir, distritos electorales pequeños en los que se elige a un solo congresista. Como ya hemos señalado en anteriores oportunidades, las ventajas de este sistema son varias. Entre ellas, el elector tiene que escoger ya no entre decenas de candidatos, sino solo entre unos pocos, de modo que será más fácil estar mejor informado antes de votar. Además, al tener cada distrito un solo representante, les es mucho más fácil a los electores estar al tanto de qué trabajo realiza su congresista y poder castigarlo o premiarlo en las siguientes elecciones con su voto. Y, de paso, un sistema de distritos uninominales ayuda también a reducir el número de partidos, pues crea incentivos para que los movimientos pequeños se unan a los más grandes a fin de maximizar sus posibilidades de participar en política.

Otra reforma que es necesario impulsar es el reestablecimiento de la bicameralidad, mediante la creación de un senado que no tenga iniciativa legislativa pero sí la capacidad de revisar las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados. Especialmente si cada cámara se elige en un momento distinto, se hace mucho más difícil que el Parlamento sea influenciado por lobbies mercantilistas o capturado por el gobierno de turno. Una segunda cámara, por otro lado, prolonga el camino que tiene que recorrer una ley, dejándola enfriarse en el proceso, permitiendo así que se someta a mayor reflexión y que no se aprueben normas sorpresivamente entre gallos y medianoche.

Lo que no tiene mucho sentido, sin embargo, es la implementación de la propuesta del Ejecutivo de implantar la alternancia de género (que la ubicación de candidatos en las listas electorales sea de manera alternada, es decir, hombre-mujer o mujer-hombre). Y es que el elector debería tener el derecho a elegir a quien mejor crea que pueda representarlo, independientemente de su género. Además, ¿no sería contradictorio que el Congreso empuje una reforma del servicio civil que busque implantar la meritocracia en la elección de funcionarios del Ejecutivo y que, a la vez, empuje una reforma del sistema de elección de congresistas que no se guíe por el mismo principio? Por lo demás, para ser consecuente, habría que incluir en el sistema de alternancia a todos los grupos políticamente excluidos y no solo a las mujeres. Y en ese escenario, ¿dónde acabamos?

El Congreso, en fin, debería empujar con decisión las reformas importantes que tiene sobre la mesa. A fin de cuentas, siendo una de las instituciones más desprestigiadas del país, en el mediano plazo podría ser uno de los principales ganadores de su puesta en práctica.