(Editorial) Los expedientes secretos

Podría parecer una buena señal sobre el progreso de nuestra democracia la forma como van avanzando las investigaciones de la llamada megacomisión sobre el segundo gobierno del presidente García. Podría parecerlo, porque ofrece la oportunidad de aclarar muchas cosas extrañas de este período que quedaron sin explicarse. Lo que, claro, entre otras cosas, ofrece un saludable contraste con la forma en que jamás se pudieron llegar a dilucidar –en parte gracias a una prescripción– algunos hechos intrigantes que se produjeron en el primer gobierno del mismo mandatario.

Vale la pena apuntar, además, que entre los asuntos por esclarecer del gobierno de García no están solo aquellos que la megacomisión ha decidido denunciar este miércoles, relacionados con el programa Agua para Todos. Hay varias otras incógnitas, muchas de ellas más grandes que las del último programa, o incluso que las de los ‘narcoindultos’, que quedan aún por despejarse. Para citar un caso, están todas las incógnitas relacionadas con los ‘petroaudios’. La estela de las revelaciones que estos contenían, por ejemplo, llegó por más de un camino al mismísimo secretario personal del presidente, señor Luis Nava, sin que –es cierto– se haya probado nada hasta la fecha, pero dejando una serie de dudas abiertas, también hasta la fecha. Y luego, por solo citar otro ejemplo, están las muy misteriosas desapariciones del material probatorio relacionado con aparentes negociados registrados por los audios. Como el inverosímil robo de 838 cajas con documentos del Ministerio de Salud luego de que aparecieran en los audios serios indicios de que la reconstrucción de los hospitales de Pisco había sido objeto de negociaciones poco santas. O como la manipulación de la memoria USB de Giselle Gianotti luego de que le fuera requisada; manipulación que resultó en la desaparición de audios que, según la misma señora Gianotti, tenían un contenido incriminador para varios ministros del gobierno.

Naturalmente, un gran interesado en la aclaración de todas estas fundadas dudas debería ser el propio Alan García. Tanto si quiere ser candidato para el 2016, como si quiere que no queden pegadas a su persona y figura, como efectos de su segundo gobierno, tantos misterios oscuros como los que dejó su primer gobierno. En este sentido, pensamos que el señor García ayuda poco a su causa cuando, frente a las acusaciones de la megacomisión (fundadas o no), tiene una respuesta tan estrambótica como afirmar que, en base a la desaceleración que tuvo la economía el pasado marzo, el Perú actual ya ha tomado el camino de Venezuela y acabará, como esta, “sin papel higiénico”.

Lamentamos decir, sin embargo, que el avance de estas investigaciones no es la buena señal sobre nuestra democracia que a primera vista podría parecer. Y no lo es porque el mismo Congreso que está investigando al señor García, y dentro de él, los mismos partidos que han empujado esta investigación (Perú Posible y Gana Perú), han demostrado elocuentemente que su interés detrás de las indagaciones no es la lucha contra la corrupción, sino la política. No hay otra manera de entender cómo el mismo día en que la megacomisión decidió acusar penalmente al ex presidente García, a dos de sus ministros y a varios funcionarios de su gobierno, otra comisión fiscalizadora del mismo Congreso votó por proteger a Alejandro Toledo de cualquier investigación. Esto pese a que tienen también muy buen asidero las dudas generadas ante las compras al contado que ha hecho su octogenaria suegra, quien vive en el exterior, de una enorme residencia y unas lujosas oficinas en Lima, por un total de US$5 millones.

Sobra decir que Alejandro Toledo también debería ser el primer interesado en que se esclarezcan estas dudas.

Por lo demás, lo que la Comisión de Fiscalización usó para anular la anterior decisión por la que una semana antes había pedido facultades al Congreso para investigar el patrimonio del presidente Toledo fue una leguleyada. Simplemente decidieron anular la votación que dio lugar a ese pedido con el argumento de que en ella había votado un accesitario que no debió hacerlo, pese a que el pedido había alcanzado mayoría aun sin tomarse en cuenta el voto de esta persona y pese a que, de hecho, ese voto no había sido contado en el acta de la comisión. De esta forma tan burda fue como, según ha dicho con agudeza el caricaturista Heduardo, Alejandro Toledo pasó a ser, además de “sano y sagrado”, “blindado”.