Como uno de esos fantasmas que en los cuentos aparecen arraigados a un edificio dado, desde hace ya más de una década se presentan periódicamente en nuestro Congreso presiones para aprobar una nueva ley general del trabajo que consolide y aumente lo que sus propulsores llaman “conquistas de los trabajadores”.
La última aparición ha usado como medio al presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Tubino, quien acaba de proponer este cambio como prioridad en la agenda de su comisión, precisando que el tema habría que abordarlo “manteniendo un consenso, pues no se trata de sacar una redacción que se incline a favor de los empresarios o a favor de los trabajadores”.
Desafortunadamente, incluso en esta aclaración con la que parece haber querido demostrar un ánimo de “balance”, el congresista Tubino ha enseñado el prejuicio del que cojea su proyecto, igual que todos sus antecedentes. El prejuicio, esto es, que supone hablar de “empresarios” y “trabajadores” como de dos bandos enfrentados en un juego de suma cero donde los puntos “a favor” de los unos suponen puntos perdidos para los otros, y viceversa. Una noción heredada de la idea de la plusvalía de Marx, que fue fundamento, a su vez, de la teoría de la lucha de clases.
La realidad ha demostrado ya incontables veces que cuanto más inversión haya en un lugar dado, más demanda habrá por los trabajadores que existan en este y, por lo tanto, mejores precios –salarios– se pagarán por sus horas. En otras palabras: que, al menos en el mediano y largo plazo, lo que favorece a la inversión es lo que favorece a los trabajadores.
Hace 40 años los trabajadores coreanos ganaban en promedio menos que los peruanos. Hoy ganan varias veces más. ¿Se dio el cambio por efecto de alguna ley que ordenase multiplicar sus salarios? No. Se dio más bien por efecto de una serie de leyes que durante décadas han incentivado la inversión en Corea haciendo que sea cada vez mayor la demanda que existe en el país por trabajadores.
No tenemos que ir tan lejos como Corea, sin embargo, para encontrar ejemplos elocuentes. En la década que fue del 2002 al año pasado, mientras los intentos por devolver a nuestro marco laboral el proteccionismo que alguna vez tuvo fracasaban, los ingresos salariales en el Perú subieron a una tasa anual promedio de entre 6% y 7%, y se crearon alrededor de 5 millones de puestos de trabajo formales.
Por lo demás, no podemos dejar de hacer notar que hay una (seguramente involuntaria) trampa en el uso que el señor Tubino (y todos los que proponen volver a subir las “protecciones” que la ley laboral otorga) da a la palabra “trabajadores”. Porque, claro, la verdad es que, pese a todas las mejoras mencionadas, en el Perú el 60% de los trabajadores sigue siendo informal. Con lo que, para efectos de los alcances de la ley, “trabajadores” son solo el 40% de los empleados. Como quiera, por otra parte, que esta altísima informalidad tiene que ver directamente con lo rígido que sigue siendo nuestro marco laboral (no obstante las mejoras que tuvo), cuando se habla de las “conquistas” de los trabajadores se está hablando en realidad de las “derrotas” para la gran mayoría de ellos.
Dicho de otra forma: aquí sí que hay un juego de suma cero. Cuanto más difíciles de cumplir sean las normas laborales para los medianos y pequeños empresarios (que es donde se concentra su evasión), más difícil será para sus trabajadores gozar de cualquier tipo de formalidad (y de mejores salarios, considerando que a las empresas informales les es más difícil crecer más allá de un punto).
Es, en suma, justamente por la protección de los intereses de los trabajadores que la iniciativa del señor Tubino para una nueva y más “protectora” ley particular del trabajo (eso de “general” es una mentira que ya debe sincerarse) tiene que encontrar el mismo destino que sus antecesoras. El desvanecimiento.