(Editorial) No tan amigable

El próximo 5 de julio se les acaba la suerte a todas aquellas microempresas que se formalizaron entre el 2003 y el 2008. En esta fecha, pues, vence la ley que establece el régimen laboral especial para todas aquellas empresas. En esa misma fecha, entonces, los empresarios deberán tomar la decisión de si regresar a la informalidad por el mismo camino por el cual llegaron o si se mantienen bajo el radar del gobierno con todo el peso que este les impone.

Para hacer de esta una decisión más fácil para los microempresarios, el Ministerio de la Producción viene trabajando en un proyecto de ley que modifica la ley antes mencionada. Según la ministra Gladys Triveño, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ya le dio su visto bueno y solo estaría esperando la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mandar el proyecto al Congreso a fin de que este sea aprobado antes de la fecha límite.

¿Qué cambios estaría preparando el Ministerio de la Producción para convencer a las microempresas de formalizarse? De acuerdo con la ministra, el Estado se encargará de “acompañar” a las mypes en su proceso de formalización. Suena prometedor. Sin embargo, en la práctica, lo único que esto quiere decir es que el Estado evitará sancionar a las empresas en sus primeros años cuando estas llenen los formularios incorrectamente.

Bueno, algo es algo. ¿Pero, qué hay con los costos que verdaderamente espantan a los empresarios –por ejemplo, toda la carga que supone el actual régimen laboral–? Según la ministra Triveño, no hay nada que se pueda hacer allí dado que “el régimen laboral actual es bastante amigable” y “más allá de eso no se puede ir”.

En efecto, el régimen laboral es tan amigable en el Perú que el World Competitiveness Report ubica a nuestro país en el 107 de 144 países en facilidad para contratar y despedir trabajadores. Es tan flexible que los costos no salariales del trabajo representan alrededor del 64% del sueldo, uno de los niveles más altos del mundo. Y, bueno, en fin, qué mejor prueba hay de la amabilidad de nuestra legislación laboral que el hecho que mantenga a más del 70% de las microempresas en la informalidad.

Y que quede claro, la informalidad no es precisamente un paraíso donde las empresas quieren estar por decisión propia. A una empresa informal, por ejemplo, le cuesta mucho más acceder a créditos para financiar sus operaciones. Y aunque lo consiga, lo hará a tasas más elevadas. De la misma forma, una empresa informal no puede entablar relaciones comerciales con una formal, que sí tiene que sustentar sus compras y ventas con recibos a la Sunat. Todas estas limitaciones representan, en la práctica, trabas al desarrollo de una empresa. Es decir, la informalidad también supone altos costos. Es solo que los costos de la formalidad –siendo un factor importante el régimen laboral– son mayores para esa porción.

A la rigidez laboral se le ha sumado la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad encargada de fiscalizar cualquier infracción a la regulación laboral, que comenzará a operar a partir del 2014. La creación de este organismo no tiene nada de malo de por sí, sin embargo el esquema de financiación –a través de las multas que cobre– crea incentivos perversos para interpretar infracciones. Esto, sin considerar que las multas a disposición de este organismo se han encarecido hasta en un 900% y en muchos casos superan el patrimonio de una microfinanciera promedio.

En el fondo, parece más plausible que estas sean el tipo de cosas que realmente repelen a los microempresarios de la formalidad. Y si bien la promesa del Estado de ayudar con los formularios es un paso en la dirección correcta, es un paso insignificante en comparación con la carga que implica el régimen laboral. Probablemente “amigable” no sea su mejor definición. Por lo menos no para los microempresarios.