(Editorial) Peajes universitarios

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, salió esta semana a defender el anteproyecto de ley universitaria (cuya elaboración dirige desde hace nueve meses). Denunció, por un lado, que se le habrían acercado lobbistas de diversas universidades y alertó también acerca de la posibilidad de que estos estuviesen intentando contactar a otros congresistas. Asimismo, afirmó que la razón por la que existiría oposición a su propuesta sería porque algunos puntos de la misma “chocan con intereses” y porque con ella se tocan “bolsillos en muchos casos, tanto en las universidades privadas como en las públicas”.

Nadie duda de que, como con cualquier reforma importante, en este caso existan lobbies tratando de influenciar al Congreso para que la norma se ajuste mejor a los intereses de sus representados. Pero pasar de ahí a pensar que todos quienes critican el anteproyecto lo hacen por conseguir un provecho inapropiado es ir muy lejos. Y es que, al fin y al cabo, hay muy buenos motivos para oponerse a varias de las reformas que viene considerando la comisión que preside el señor Mora.

Para empezar, hay que recordar que la filosofía del anteproyecto es que es el Estado quien debe dirigir y uniformizar la educación universitaria. Para esto, se propone quitarle a las universidades públicas y privadas la autonomía que hoy tienen en varios aspectos fundamentales. Se ha sugerido, por ejemplo, que el Estado controle en mayor o menor medida los procesos de admisión, los planes de estudio, la elección de autoridades, el número de profesores a tiempo completo, o hasta el porcentaje del presupuesto anual que se deba invertir en educación y en responsabilidad social. Incluso se ha propuesto que las universidades privadas se vean obligadas a instalar una asamblea que rehaga los estatutos de la institución, pasando por alto que esta sería una inconstitucional confiscación de la propiedad de sus dueños.

No entendemos bajo qué lógica se le puede ocurrir a alguien encargarle al Estado que dirija la educación universitaria, cuando su desempeño dirigiendo la educación escolar ha llevado a que el Perú ocupe el puesto 62 de los 65 países evaluados en la última prueba PISA en comprensión lectora y razonamiento matemático.

Pero el error del proyecto no solamente es querer entregar el timón de las universidades a este pésimo conductor. Además, este tipo de estatización de la enseñanza supondría varios otros graves problemas.

El primero y más evidente sería la burocratización. Las universidades deberían ser instituciones dinámicas que se distingan por la innovación. Pero bajo la filosofía del proyecto que elabora la Comisión de Educación prácticamente todo cambio importante que busque hacer una universidad dependería de la aprobación de un grupo de funcionarios públicos. Sería como llenar de peajes la pista en la que debería correrse una carrera.

Otro problema es que esta estatización llevaría a que exista un solo modelo educativo: el elegido por la burocracia de turno. En vez de que haya una oferta diversa que permita a los estudiantes elegir el tipo de universidad que mejor se ajuste a sus expectativas y posibilidades, los jóvenes tendrían que conformarse con estudiar en instituciones hechas a imagen y semejanza del modelo que establezca el ministerio.

Por esto último, quitarles a las universidades la autonomía para conducir sus instituciones significaría también limitar la libertad de elegir de las personas que desean estudiar en ellas.

Finalmente, no pasemos por alto que las universidades son importantes centros de expresión política y, en ocasiones, de legítima oposición al Gobierno. Algo de lo que bien podríamos ir olvidándonos si este último logra convertirse en quien en última instancia decida sus destinos.

Nadie discute que hay mucho por hacer en este sector. Pero la solución no pasa por concentrar en un ministerio las decisiones sobre cómo debe operar cada universidad, sino por buscar formas para que estas compitan por brindar una mejor educación y para que los estudiantes estén bien informados sobre el servicio que reciben.