(Editorial) ¿Piloto con destino?

Es muy positivo que el Gobierno haya dispuesto retomar el programa para comprar los días de franco a nuestros policías, comenzando este año con un programa piloto para 9.000 de ellos.

Como se sabe, actualmente rige el sistema de 24×24, en virtud del cual por cada día que trabajan los policías para el Estado tienen un día libre en el que venden sus servicios a privados para poder llegar a fin de mes. Como resultado, por un lado, tenemos la antidemocrática singularidad por la que nuestros policías alquilan el poder público que les da su uniforme a los privados que pueden pagarlo –y que lo usan, por ejemplo, para detener el tráfico en favor de sus clientes–. Y, por otro lado, el no menos inusitado hecho de ser un país cuyos policías están dedicados a su función pública solo a medias. Un resultado que ha sido señalado por varios especialistas como una de las principales causas de que tengamos un problema de delincuencia tan desbocado y de que seamos el segundo de las Américas en victimización por delincuencia de acuerdo tanto con el Latinobarómetro como con el Barómetro de las Américas.

No debemos, sin embargo, confiarnos demasiado en la noticia pues este no es el primer “piloto” que se lanza en esta dirección y, sobre todo, puesto que su predecesor fue lanzado en la misma manera en que se lanzaría chatarra al espacio sideral: sin que nadie le haga mayor seguimiento y sin que nadie la recupere luego de ahí.

En efecto, ya el año pasado tuvimos un programa piloto de compra de los días de franco que involucró a 13.000 policías en cinco zonas urbanas del país. Y este programa fue sorpresivamente cancelado cuando a fines del año pasado se supo que el presupuesto del 2013 no contemplaba su continuidad, sin que mediase ningún tipo de estudio público sobre su funcionamiento y resultados. Simplemente se dijo que había evaluaciones del INEI que indicaban que el programa no había tenido resultados, pero nunca se mostró cifras ni las razones de este supuesto mal funcionamiento. Esta explicación, por otro lado, chocaba con la Segunda Encuesta Urbana de Victimización 2012, en que la ONG Ciudad Nuestra, presidida por el ex ministro del Interior Gino Costa, mostró que la victimización por delincuencia cayó en tres de las cinco jurisdicciones urbanas donde se aplicó –Piura, Callao y Comas–, al tiempo que en las tres mejoró la percepción ciudadana del trabajo policial. Y es una explicación que también choca con que ahora el propio Gobierno haya decidido retomar el programa.

Así pues, estamos ante una buena noticia, pero solo siempre que esta vez sí se trate de un esfuerzo orgánico y continuado en el que las experiencias y resultados de cada año puedan ser aprovechados para pulir y mejorar las del siguiente (la idea, ha dicho el ministro del Interior, es ir agregando 9.000 policías por año hasta “acabar progresivamente con el servicio policial 24×24”).

Finalmente, un comentario sobre un tema diferente pero que no podemos dejar de relacionar con este. Si el Gobierno ha salido a comprar el tiempo de sus policías porque está convencido del valor que este le puede aportar, ¿por qué no hace lo propio con el de sus reclutas? En otras palabras, las mismas razones que existen para que no haya un “servicio policial obligatorio” ¿no deberían valer también para acabar con el “servicio militar obligatorio”? ¿Acaso los policías no son también personas que se juegan su vida e integridad para garantizar las de sus conciudadanos? ¿Por qué eso no hace sentirse autorizado al Estado a expropiar temporalmente a una parte de su población de su libertad personal para que preste servicio de policía, sobre todo si es que tenemos, como ha dicho el presidente, un déficit de treinta mil policías? ¿Hay alguna razón para que algunos tengan que hacer obligados lo que otros solo hacen contratados? El caso de la policía, en fin, ilustra por contraste la injusticia flagrante del servicio militar obligatorio que este gobierno está intentando revivir.