(Editorial) Removiendo el hueso

Entre las varias novedades que trajo la Ley del Servicio Civil vino un cambio muy positivo al sistema de la CTS de los servidores públicos. La carne, sin embargo, lamentablemente, vino con hueso.

Empecemos por la carne. Los trabajadores que actualmente se encuentran en el régimen CAS no gozan de CTS y pasarán a tener este beneficio una vez que sean incorporados al nuevo régimen laboral. Se trata de una importante mejora pues estos servidores, finalmente, tendrán una protección en caso se queden sin empleo.

Ahora vamos con el hueso. A diferencia de lo que sucede con los trabajadores privados, a los trabajadores públicos no se les depositará la CTS en dos oportunidades del año en una entidad financiera. En cambio, el gobierno les pagará directamente la totalidad de la misma recién 48 horas después de haberse producido su cese.

Por qué el Estado (a diferencia de las instituciones privadas) tiene el privilegio de no estar obligado a depositar paulatinamente lo que le corresponde a cada trabajador no le queda claro a nadie. Tampoco queda claro por qué los empleados públicos tendrían que arriesgarse a que, después de años de servicio en una entidad estatal, llegue uno de esos gobiernos fiscalmente irresponsables que no cuente con recursos para pagar sus deudas (no sería la primera vez que eso sucede en el Perú, por cierto). Y, finalmente, no se entiende por qué los trabajadores públicos no tendrían la ventaja que sí tienen los privados de rentabilizar su CTS depositándola en una institución financiera que les pague intereses por ella.

Afortunadamente, parece que algunos parlamentarios estarían dispuestos a apoyar una modificación puntual a la Ley del Servicio Civil para que el tratamiento de la CTS sea igual al del sector privado. Y es que esta carne no tiene por qué venir con hueso.

CAMINO OPUESTO Para bien o para mal, los trabajadores ya se acostumbraron a que sus gratificaciones de julio y diciembre se encuentren exoneradas de descuentos. Y como el Congreso no quiere adoptar la impopular medida de ponerle fin a estas exoneraciones que vienen prorrogándose desde el 2009, está considerando un proyecto de ley que, de ser aprobado, convertiría las mismas en permanentes.

El problema es que, como todo en la vida, alguien tendría que pagar los costos de esta decisión. Y el nombre de ese alguien es Essalud.

Según la ministra de Trabajo, dicha entidad sería la principal afectada pues habría dejado de recibir alrededor de S/.300 millones en lo que va del año debido a las exoneraciones. Essalud, por su parte, estima que entre el 2009 y el 2014 el total de los recursos perdidos a raíz de las mismas alcanzaría los S/.4.193 millones. Por esta razón, se estaría planteando la posibilidad de compensar las finanzas de la institución elevando los aportes que deben realizar los trabajadores.

No obstante, sorprendería mucho que el gobierno decidiese apoyar esta iniciativa. Después de todo, en un contexto en el que este ha manifestado numerosas veces que se encuentra buscando maneras de fomentar las inversiones, no tendría mucho sentido que paralelamente aumente el peso que los privados soportan sobre sus hombros. Y es que no podemos olvidar que en nuestro país los costos no salariales del trabajo alcanzan hasta el 65% de la planilla.

Por supuesto, esto no quiere decir que no se deba buscar un camino para resolver el serio problema que enfrenta Essalud. Pero este consiste en ampliar la base de los aportes y eso se logra reduciendo las cargas laborales, tributarias y burocráticas que las empresas actualmente tienen que asumir para ingresar a la formalidad. Es decir, justo el camino opuesto que el que aconsejan quienes desean elevar los aportes que hoy deben realizar los trabajadores.