(Editorial) Vale por un 20

El lunes 4 de marzo unos seis millones de estudiantes de todo el Perú iniciaron el año escolar. Este inicio fue acompañado por nuestro presidente, Ollanta Humala, quien realizó una teleconferencia con varios colegios interconectados. En ella aprovechó para repetir que “la educación pública puede ser tan competitiva como la privada”.

Lamentablemente, al menos en el país, tenemos a la fecha muy poca evidencia empírica para sustentar esta afirmación. Sin ir más lejos, muchos de los seis millones de alumnos que iniciaron clases en sus respectivas escuelas nacionales lo hicieron en colegios que pueden ser clausurados en cualquier momento por irregularidades tales como cobros dudosos de matrículas o el haber orientado la compra de útiles hacia marcas determinadas, entre otras. Únicamente en Lima son por lo menos 200 escuelas públicas –frente a 28 privadas– las que habrían incurrido en este tipo de irregularidades, según Marcos Tupayachi, el director regional de Educación.

En provincias, por su parte, la situación es especialmente grave. En Huaraz, por ejemplo, los alumnos del Colegio Nacional La Libertad tuvieron que iniciar el año en plena vía pública debido a las obras de remodelación de la institución; es más, según la Dirección Regional de Educación, un 30% de los 391.000 alumnos ancashinos no pudo empezar clases porque sus colegios presentaron deficiencias en su infraestructura. Y en Chiclayo, por solo citar otro ejemplo, el no en vano llamado “emblemático” colegio San José no pudo iniciar clases por falta de luz y agua.

Cualquier ejemplo que podamos dar, sin embargo, pierde relevancia frente al dato fundamental: si damos crédito a cualquiera de las mediciones serias que existen sobre la materia (incluyendo las internacionales), los alumnos de estos colegios saldrán de ellos pésimamente preparados.

En este contexto, manifestar a rajatabla que la educación pública puede ser tan competitiva como la privada resulta ingenuo (dicho esto siendo conscientes de que existen colegios privados de muy mala calidad).

No obstante lo anterior, si el presidente está convencido de lo que dice, tiene una gran ventaja: puede probarlo. Que ponga a competir directamente a los colegios públicos con los privados, dando la facultad a los padres de familia que hoy solo pueden acceder a los primeros de pagar los segundos. Se puede hacer, y de hecho se está haciendo en varios países como Suecia o, más cercanamente, Chile.

¿Cómo se hace? A través de un sistema de cupones. Es decir, entregando a los padres de familia vales que estos puedan usar para pagar, indistintamente, la matrícula de colegios públicos o la de colegios privados consorciados con el Estado para este efecto (de modo que luego puedan cambiar los cupones por dinero estatal). De esta forma se da a los padres que dependen de fondos públicos para educar a sus hijos una potestad básica que hasta hoy se les viene negando: la de elegir.

Se dirá que este sistema sería inaplicable en nuestro país en escenarios no urbanos, donde muchas veces los tamaños de los centros poblados y las distancias entre ellos hacen inviable que exista más de un centro educativo en cada una de ellos. Y es cierto que nuestro escenario rural no permitiría en gran número de casos establecer una competencia. Pero también lo es que, con un poco de creatividad, sí se puede aplicar a estos escenarios el mismo principio de que sean los padres de familia los que decidan cómo gastar mejor el dinero que el Estado destina para educar a sus hijos. Así lo ha demostrado, por ejemplo, el especialista León Trahtemberg: “[Si] el Estado le asignase a cada comunidad una suma por aula, digamos 10.000 dólares al año, que cubra todos los costos educacionales, y [de forma] que sea ella la que escoja a sus profesores, sistema de acompañantes, mejoramiento de la infraestructura, adquisición de materiales, vigilancia social, etc, [le daría] la autonomía para administrar sus necesidades educativas, permitiendo una diversificación entre colegios que el Estado es incapaz de hacer desde sus autoridades nacionales o regionales. Se acabarían los reclamos por falta de docentes, y el Estado cumpliría el precepto constitucional de otorgar obligatoriamente educación gratuita a todos los niños del Perú, cosa que hoy en día no hace con cientos de miles…”.

Por lo demás, es perfectamente posible que poner a competir a los colegios públicos con los privados acabe subiendo – ahí sí– la competitividad de los primeros. Eso pasó, por lo pronto, en Suecia, donde hay varios estudios que muestran cómo mejoraron los resultados escolares de las escuelas públicas luego de que se les pusiera a competir. Y es que si cada director y profesor de una escuela pública sabe que ya no tiene como cliente a un cautivo, sino a alguien que en cualquier momento puede optar por una alternativa diferente, y que el financiamiento de su colegio dependerá del número de cupones que reciba, otros son sus incentivos. De hecho, quién sabe si es que luego de un tiempo de esta competencia hasta podríamos acabar teniendo lo que a la fecha, comprensiblemente, no hemos podido ver: los hijos de un presidente matriculados en una escuela pública.