(Editorial) Van sumando...

El pasado viernes, el jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez Mayor, manifestó que no se va “a permitir que personas interesadas y con agenda política pretendan afectar un programa dirigido a la alimentación de los niños”.

¿A qué se refería el ministro? Pues a los cuestionamientos realizados al programa Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), los cuales surgieron por un informe de Digesa y un par de resoluciones del Ministerio de Salud (Minsa), según los cuales tanto los procesos como los insumos de Niisa Corporation, una de las empresas proveedoras del programa social, no cumplirían los estándares mínimos de higiene.

Básicamente, lo que habría ocurrido es que en cuatro comedores y dos colegios de Huaycán se habrían hallado altos índices de coliformes en los utensilios, superficies e insumos utilizados por el programa social. Estas revelaciones resultan aún más preocupantes cuando se tiene en cuenta que la empresa proveedora ha hecho tratos por S/.42 millones para abastecer más del 47% de los materiales que usa Qali Warma en Lima (aunque según la empresa la culpa no es suya sino de quienes manipulan los utensilios). El problema fue tan grave que el programa tuvo que suspender la entrega de raciones de alimentos a todos los colegios que beneficia en Ate y, además, se vio forzado a resolver el contrato con la proveedora.

Ahora, tan preocupante como los problemas sanitarios descubiertos resulta la actitud del gobierno. Concretamente, la victimización del ministro Jiménez. En vez de asumir el error y corregirlo, el gobierno prefiere inventar fantasmas y realizar acusaciones de que detrás de los cuestionamientos al programa hay una “agenda política” y una “campaña tendenciosa” para afectar a Qali Warma.

¿Qué agenda política o campaña tendenciosa podría haber si la información sobre las fallas del programa social salió de Digesa y del Minsa, ambas instituciones del gobierno? Y más aun cuando las críticas parten de un hecho indiscutible: es un escándalo que un programa alimenticio estatal no cumpla con estándares de higiene básicos.

La victimización no es más que una burda estrategia para no enfrentar la responsabilidad. En este caso, la de que hay algo que sin duda anda mal con los procesos logísticos del Midis. Y es que la responsabilidad por lo ocurrido no es solo de la empresa proveedora, sino también de los funcionarios que diseñaron los procedimientos para seleccionarla (si ella fuera culpable, como aduce el gobierno).

Si bien es cierto que el Midis actuó rápidamente apenas se hizo pública la denuncia, ¿cómo es posible, por ejemplo, que escogiese como uno de sus principales proveedores a una empresa a la que el Minsa le negó la habilitación sanitaria de la fábrica y la validación técnica del sistema preventivo de control de alimentos?

Lo ocurrido en los colegios y comedores de Huaycán, por lo demás, no representa un hecho aislado. Ya en mayo, en Arequipa, se denunció que en un par de colegios se había encontrado leche malograda. En aquella oportunidad, Mario Quiroz, inspector del centro de salud de Tiabaya, explicó que tanto en la institución educativa Mariano J. Valdivia como en el Franklin Roosevelt se encontró bolsas de leche de 250 mililitros en mal estado y con mal olor. Manifestó además que, de haber sido consumidas, habrían generado una intoxicación inmediata en los niños.

Siendo la eficiencia de los programas sociales una de las principales banderas enarboladas por este gobierno, cuesta asimilar que nos encontremos con estos problemas y con una actitud tan inmadura –por decir lo menos– para corregirlos, especialmente cuando no se trata de un tema menor. Al 2011 había en el Perú 488 mil niños de entre 0 y 5 años (aproximadamente el 15% de esta población) afectados por desnutrición crónica. Ya es bastante dramático que tantos niños enfrenten esta situación como para que el Estado, encima, no tenga la diligencia para evitar que sus proveedores los terminen envenenando.