(Editorial) Voluntario obligado

Tal vez el nombre coloquial de la Ley del Servicio Militar Voluntario haya logrado despistar a algunos. Pero que nadie se confunda: a pesar de que hace unos años se eliminó el servicio militar obligatorio, una nueva la ley lo reemplazó por otro… también obligatorio. Y, reglamentando a este último, el miércoles de la semana pasada el Ministerio de Defensa publicó un decreto supremo que aprueba la realización de un sorteo para suplir las necesidades insatisfechas de las Fuerzas Armadas. Es decir, de no cubrirse las vacantes para el servicio militar de forma voluntaria (que es lo más probable debido al bajo sueldo que ofrece el Estado), se convocará a un sorteo donde los afortunados ganadores tendrán la obligación de completar la nómina. El gobierno, así, los obligará a ‘voluntarizarse’.

No obstante, para el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, esto no constituye una ‘obligación’. De acuerdo con su lógica, “uno puede optar por no hacerlo y lo que se plantea en este caso es el pago de una multa”. Lo que no comprende el señor Jiménez es que, en ese sentido, uno siempre puede optar por no hacer las cosas. Siguiendo su razonamiento, no sería una obligación respetar las reglas de tránsito o ir a votar, porque uno siempre puede elegir pagar la multa. Lo que vuelve a un mandato una obligación legal es, precisamente, que si uno decide no cumplirlo recibe una sanción por parte del Estado.

Pero el principal problema en este asunto no es que el primer ministro confunda aquello en lo que consiste una obligación. Lo que más nos preocupa es que debido a la implementación de este sistema el Estado se dedicará a perseguir a quienes incumplan con un mandato legal que no debería existir en primer lugar. Y es que nadie debería tener la potestad de decidir en contra de la voluntad de un individuo a qué se dedicará este, a quién obedecerá, cuánto trabajará, dónde vivirá, qué comerá y cuándo podrá salir a la calle. Peor aún si todo esto implica poner en riesgo su vida.

Si el Estado necesita gente que le preste un servicio, lo que tiene que hacer es contratarla, al igual que hacemos el resto de nosotros. Y si existe un déficit de personal, esta es una señal de alerta para que el Estado aumente el pago por prestar este servicio hasta que sea suficientemente atractivo para que se presenten los postulantes necesarios para brindar el servicio requerido. Así como el Estado necesita individuos que defiendan su seguridad, también necesita secretarias. ¿Y acaso por eso crea un Servicio Secretarial Obligatorio para forzar a los ciudadanos a cubrir los cupos de secretarias que él no llena debido a que no está dispuesto a pagar un salario adecuado?

Por otro lado, la manera en la que se ha implementado la mencionada obligación es claramente discriminatoria. La multa por no presentarse es de S/.1.850 y a quienes no la cancelen se les suspenderán los efectos legales de su DNI; es decir, la capacidad de celebrar contratos, realizar cualquier tipo de trámite, votar, etc. En pocas palabras se les sancionará con lo que se conoce como ‘muerte civil’ (que, dicho sea de paso, es inconstitucional porque, entre otras cosas, nuestra Carta Magna prohíbe restringir el derecho al voto). En la práctica, esta es una valla diseñada para que únicamente las personas que cuenten con recursos económicos puedan saltarla.

Y esta discriminación contra quienes menos tienen, además, se ve reforzada por el hecho de que la norma establece que están exceptuadas de prestar el servicio militar aquellas personas que estén cursando estudios universitarios (pero no las que estén en institutos) y quienes acrediten ser responsables económicos de sus familias, entre otros. Así, queda muy claro en qué sectores socioeconómicos tirará sus redes el Gobierno para cubrir las plazas vacantes de aproximadamente 30 mil reclutas.

Quizá, una vez que uno es consciente de cómo funciona realmente este sistema, queda más clara la razón por la que la ley y el ministro insisten en llamar “voluntario” a un servicio que es realmente “obligatorio”: a cualquiera le daría vergüenza reconocer que está dispuesto a forzar a los ciudadanos de un país a cumplir con una obligación discriminatoria que atropella su libertad.