La Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA)- integrada por seis cancilleres de la región, entre otros- escuchó este lunes no solo a los titulares de los tres poderes del Estado, sino también a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien calificó de “falsa” la versión que el gobierno de Pedro Castillo dio al ente internacional, al momento de solicitar la activación de la Carta Democrática.
Benavides rechazó que la denuncia constitucional que presentó en contra de Castillo Terrones ante el Parlamento por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión tenga “una motivación política” y sea parte de una “estrategia de ruptura del orden democrático” en el Perú.
Precisamente, el jefe del Estado, a través de una carta remitida el 12 de octubre al secretario general de la OEA, Luis Almagro, había alegado que existe “un abuso del control político” de parte del Congreso y que órganos constitucionales autónomos, como el Ministerio Público, promueven “una nueva modalidad de golpe de Estado”.
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De acuerdo a fuentes de El Comercio, Benavides subrayó que los fiscales “no somos actores políticos, sino operadores jurídicos”, porque sus investigaciones se ajustan “al principio de objetividad, respetando el debido proceso y decidiendo sobre la base de los indicios” que se obtienen de las pesquisas.
Añadió que la ejecución de investigaciones preliminares a Castillo Terrones fue una “decisión institucional” de la Fiscalía de la Nación y recordó que fue su antecesor en el cargo, Pablo Sánchez, el que dio pie a esta acción.
Destacó- según las mismas fuentes- que la Corte Suprema de Justicia haya ratificado, en segunda instancia, la improcedencia de la solicitud de tutela de derechos que presentó el mandatario con la finalidad de anular el inicio de diligencias preliminares. Este acto fue interpretado, en el sentido, de que la realización de las investigaciones se ajusta “al ordenamiento jurídico constitucional”.
Ratificó imputación de cabecilla
Benavides le reveló, además, a Comisión de Alto Nivel de la OEA que el presidente Castillo tiene 51 carpetas fiscales en su despacho.
De estas- precisaron fuentes de este Diario- 47 están pendientes, tres están en trámite y se tiene una denuncia constitucional que acumula tres investigaciones.
También dio cuenta que otras siete carpetas sobre el docente fueron archivadas. Estas eran denuncias por presunto fraude electoral que le interpusieron cuando asumió la jefatura del Estado. “Esto corrobora la objetividad de nuestras decisiones en el ejercicio de la función fiscal”, expresó.
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En otro momento, la fiscal de la Nación detalló que su despacho presentó una “denuncia constitucional” en contra de Castillo ante el Congreso y no una “acusación constitucional”, como “falsamente se ha dicho” desde el entorno del profesor, al punto de que ella ha sido objeto de denuncias disciplinarias por un presunto prevaricato e infracción a la Carta Magna.
Benavides también explicó que la denuncia constitucional al presidente comprende tres carpetas fiscales: Puente Tarata-MTC, Municipio de Anguía-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Petroperú. Ratificó su imputación de que Castillo Terrones sería el cabecilla de una presunta organización criminal “que habría copado las instituciones del Estado para direccionar y controlar las contrataciones públicas”.
Al término de la reunión, que fue de casi una hora y media, la titular del Ministerio Público alertó que ha sido objetivo de denuncias, amenazas e, incluso, insultos de parte de altos funcionarios del gobierno y sus allegados.
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Los cuestionamientos de Barrios
Más temprano, la Comisión de Alto Nivel de la OEA se reunió con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien, contó que, durante su exposición, cuestionó que Castillo Terrones no haya convocado al Consejo de Estado, a pesar de que se solicitaron hasta en tres oportunidades, a fin de “articular esfuerzos para salir de la crisis” política.
Barrios, en declaraciones a la prensa, consideró, a título personal, que “no se dan las condiciones” que el presidente de la República “señala en la carta” que envió en la OEA, advirtiendo un golpe de Estado en contra de su gobierno.
Por su parte, el titular del Congreso, José Williams Zapata, refirió que la Mesa Directiva le informó a la misión especial que “la principal preocupación” de su institución “es la protección” a la actual constitución.
Williams Zapata indicó que de los 72 cambios que ha realizado el presidente Castillo en su Gabinete Ministerial en los 16 meses de su administración, solo cinco han sido a causa de censuras en el Parlamento. “Nosotros no estamos obstruyendo”, complementó.
Agregó que si el Ejecutivo forma un Consejo de Ministros de “ancha base”; el mandatario brinda entrevistas a los medios de comunicación como un gesto de transparencia; y responde a las investigaciones que afronta, existen posibilidades de mejorar la relación entre ambos poderes del Estado.
La Comisión de Alto Nivel de la OEA inició sus actividades sosteniendo una cita con el presidente Castillo y algunos integrantes de su Gabinete, entre ellos el primer ministro, Aníbal Torres, y el canciller César Landa. El jefe de Estado no ofreció declaraciones a la prensa, pero sí escribió un tuit en forma de balance.
“He recibido al Grupo de Alto Nivel de la OEA para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos”, tuiteó.
La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú), refirió que durante la reunión con la misión especial de la OEA, ella les informó sobre su proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales.
“La mejor solución para el Perú es que pueda tener la oportunidad de elegir a nuevos representantes, les hice conocer que he presentado ese proyecto, a fin de que se pueda debatir de una vez, ya que está en la Comisión de Constitución”, manifestó en conferencia de prensa.
Calle indicó que los integrantes de la misión recibieron con buenos ojos su iniciativa.
“Me han dicho que es una buena alternativa, porque el enfrentamiento no se va a acabar si solamente se va [el presidente] Castillo o si solo se cierra el Congreso. El país está tan polarizado que el día que logremos vacar a Castillo se va a venir toda una multitud contra nosotros, o el día que el presidente logre cerrar el Congreso, vamos a tener lo mismo”, remarcó.
Advirtió que la crisis política puede desembocar en un nuevo 14-N, en referencia a las protestas de noviembre de 2020 en contra del acciopopulista Manuel Merino, quien asumió la Presidencia tras la vacancia del entonces mandatario Martín Vizcarra.
“Vamos a repetir las muertes, como la de Inti y Bryan, no esperemos que pase esa situación, mi proyecto lo que avizora es una transición pacífica y ordenada”, acotó.
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