El fiscal supremo Pedro Chávarry, quien estaba suspendido en sus funciones, fue destituido del Ministerio Público por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La decisión, tomada por unanimidad el último lunes, se dio al concluir que Chávarry cometió “falta muy grave” contra la conducta ética como exfiscal de la Nación y por sus presuntos vínculos con la organización Los Cuellos Blancos del Puerto.
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A casi un año de haberse iniciado el proceso en su contra, la JNJ decidió que había elementos para considerar que el fiscal supremo no podía seguir dentro de su institución.
El fiscal, según la JNJ, violó la Ley de Carrera Fiscal que exige a los fiscales resguardar “la ética y la probidad” como componentes esenciales del Ministerio Púbico. Situaciones que adquieren mayor relevancia y exigen el más alto estándar de observancia cuando se trata de aquel representante que ocupa el cargo máximo como fiscal de la Nación en el Ministerio Público.
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Tres de cuatro hechos
Tres de cuatro hechos
A Chávarry Vallejo se le procesó por cuatro hechos: haber sostenido conversaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi -investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto- y se pueda organizar un almuerzo con periodistas a través del empresario Antonio Camayo -otro investigado por el caso- a fin de fortalecer sus opciones en la elección como fiscal de la Nación (2018).
Otro hecho, a consideración de la JNJ, es haber faltado a la verdad al negar ante los medios de comunicación sus conversaciones con Hinostroza y la reunión con periodistas, que luego reconoció. También, haber propiciado el deslacrado y sustracción de bienes de una oficina lacrada durante una diligencia fiscal de allanamiento a sus oficinas; y haber convocado a su despacho a un funcionario del Congreso de la República para tomar acciones contra el allanamiento.
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De los cuatro hechos, el único que no pudo ser acreditado es que haya usado sus influencias con integrantes de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto para que lo ayudaran a ratificar su elección como fiscal de la Nación.
El pasado 14 de enero, la JNJ dejó al voto el pedido de destitución propuesto por la vocal instructora Imelda Tumialán.
Ese día, en audiencia ante el pleno de dicha institución, Chávarry pidió que se rechazara la propuesta en su contra. Según dijo, se le estaba implicando en hechos en los que no había participado o que no eran faltas éticas a la conducta funcional, sino atribuciones a su cargo como fiscal de la Nación.
“Se me pretende responsabilizar por muchas situaciones en las que no he participado. En el tema del deslacrado no tengo que ver nada (...) durante estos tres años me han atacado los principales medios periodísticos alentados por el expresidente Martín Vizcarra”, dijo ante la JNJ.
Su abogado, Julio Rodríguez, sostuvo que la propuesta de destitución contra su patrocinado estaba sustentado en “conjeturas, en suposiciones y que no tiene respaldo material”.
Chávarry Vallejo seguirá afrontando las investigaciones que existen en su contra en el Congreso de la República, así como en la Fiscalía.
En el Parlamento, Chávarry aún debe afrontar la denuncia constitucional por presunto encubrimiento real por la sustracción de documentos de la oficina lacrada durante un allanamiento realizado en enero del 2019, en el marco de la investigación contra Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori.
Mientras que en la Fiscalía se le investiga como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, así como el haber querido conocer los detalles del acuerdo de colaboración con el empresa Odebrecht y el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
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