EL COMERCIO

Con cinco votos a favor, uno en contra y una abstención, la Municipalidad de Barranco aprobó ayer vender, a través de una subasta pública, parte del acantilado del distrito en donde hace ocho años se construyó de manera irregular el edificio de diez pisos Acquamarina.

El año pasado, ante la queja de los vecinos de la zona, la empresa El Ancla Group, reconoció haber invadido “de casualidad” 105,08 m2 del acantilado y propuso a la actual gestión comprar el terreno del edificio en el que ahora viven unas siete familias.

Los regidores barranquinos aprobaron la propuesta pese a que la Ordenanza Municipal N° 1414, emitida en el 2011 por la Municipalidad de Lima, declara la intangibilidad de los acantilados de la Costa Verde.

El concejal Aldo Celiz señaló que el inmueble cuenta con una licencia otorgada por el ex alcalde Martín del Pomar. Los funcionarios que dieron esta autorización fueron denunciados en el 2012 por la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV). “Nos ofrecen 500 mil dólares. Lo mejor es vender para evitar que sigan viviendo ahí sin pagar”, argumentó Celiz.

Para Javier Alvarado, vecino del distrito, la decisión que tomó el concejo sienta un mal precedente. “Ahora se apoderarán de áreas prohibidas y el municipio no hará nada”, dijo.

La alcaldesa de Barranco, Jéssica Vargas, admitió que el terreno no debió ser construido en el acantilado, pero culpó a las anteriores gestiones.

Según el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, el problema radica en que la ordenanza se contradice con el Plan Maestro de la Costa Verde. “Urge una política única sobre el uso adecuado de los acantilados”, dijo. La APCV no respondió a las llamadas de El Comercio.

IRREGULARIDADES HEREDADAS En octubre del 2005, el ex alcalde de Barranco, Martín del Pomar, otorgó la licencia de construcción a Kalandar International Perú S.A.C., ahora El Ancla Group.

Dos años después, en la gestión de Antonio Mezarina, la constructora informó que “de causalidad” se había apropiado de 2,08 m2 de acantilado para construir un muro de contención. Sin embargo, en el 2012 admitieron haberse adueñado de 105,8 m2 y ofrecieron a la comuna comprar el terreno.