La Contraloría General de la República denunció por los presuntos delitos de peculado y negociación incompatible a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho por haber favorecido a una empresa privada con contrataciones directas por más de S/.700 mil.

Según la acusación, los funcionarios de la municipalidad no habrían realizado los procesos de selección necesarios para el alquiler de vehículos y maquinaria pesada para limpieza pública y descolmatación de ríos, todo para favorecer a una empresa que no contaba con la experiencia necesaria ni se dedicaba a la prestación de este tipo de servicios.

La comisión a cargo del caso también denunció que esta empresa no contaba con la autorización necesaria de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) para operar en este rubro.

La Procuraduría Pública de la Contraloría presentó el caso ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

CÓMO LO CONSIGUIERON Según la Contraloría, los funcionarios del municipio a cargo de Carlos Burgos evadieron los procesos de selección al emitir requerimientos disgregados a través de órdenes por los mismos servicios, todos en una misma fecha. Al tratarse de montos menores a tres unidades impositivas tributarias (UIT), se pudo lograr el contrato de manera directa.

Con esto, no se pudo garantizar la elección del mejor postor, así como la calidad del servicio.

Se denuncia que incluso se habría otorgado la conformidad de los servicios sin verificar su ejecución, ya que varios de los vehículos alquilados para la limpieza pública no realizaron sus labores.

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Contenido de El Comercio Perú