Entre candidatos corruptos y narcos, por Raúl Castro

A pocas semanas de la ms numerosa contienda electoral del pas ms de 116 mil candidaturas a presidencias regionales, alcaldas municipales y distritales, y regidores, un rcord histrico, algunas denuncias estn revelando lo precario y contaminado que est nuestro sistema poltico corriente.

Fue materia de escndalo el destape del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el que junto al Poder Judicial identific 2.131 candidatos con antecedentes penales. Ms de 340 de ellos tienen sentencia vigente.

Partidos nacionales y movimientos regionales por igual tuvieron reacciones tardas al descubrir entre sus filas a aspirantes a servidores pblicos que tenan condenas efectivas por hurto y robo agravado, trfico de drogas, terrorismo o violacin, por citar algunos delitos, as como incumplimiento de pensin familiar e incluso parricidio en un par de casos.

Para muestra unos ejemplos de Lima: Luis Ipanaqu, postulante a regidor por Vamos Per en San Juan de Lurigancho, an afronta sancin por microcomercio de drogas. Alfonso Bobbio, del Partido Aprista y aspirante a regidor por San Miguel, tiene sancin por hurto agravado. Melquiades Salcedo, candidato a alcalde de Surco por Accin Popular, por tentativa de violacin.

Lo que queda en evidencia es la nociva crisis en la que partidos y organizaciones polticas demuestran estar, pues no son capaces de hacer cosa alguna para filtrar mnimamente a quien llevan en sus listas.

De los partidos ya no podemos esperar ms. Como me coment el analista Federico Tong, los partidos han dejado de ser las columnas vertebrales de la representacin ciudadana para pasar a ser meras franquicias en alquiler, apenas marcas reconocidas por los electorales para aglutinar intereses particulares, no siempre legtimos, menos aun de inters general.

Por eso es destacable que distintos organismos oficiales, como el JNE, y otros de la sociedad civil, como Transparencia y la agencia Veritas, generen mecanismos de monitoreo y fiscalizacin para identificar potenciales focos de delitos y corrupcin incrustados en los gobiernos de toda escala.

Si bien el Estado ha intentado poner ciertas restricciones por ley para evitar que la delincuencia organizada se instale en los gobiernos y desde ah use el poder como extensin legal de sus acciones ilcitas, las mafias y los particulares inescrupulosos siempre encuentran formas de infiltrarse en el organigrama institucional.

Cmo llega a Fuerza Popular el cuestionado Vctor Grandez? Qu fue lo que no hizo Solidaridad Nacional para evitar que los gerentes de su lder, Luis Castaeda, se coludieran para lavar dinero del narcotrfico en la Municipalidad de Lima? Quieren Fuerza Social y Susana Villarn deslindar las acusaciones que la contralora formula sobre la gestin en la Caja Metropolitana?

Cuando los partidos no tienen capacidad de fiscalizacin ni desean tenerla, los ciudadanos tenemos que generar mecanismos de defensa. Y los partidos deberan ser considerados responsables pasivos sujetos de sancin. Quizs as asuman su rol seriamente.