Farmacéuticas extranjeras hacen experimentos con más de 23 mil peruanos

EL COMERCIO

Nueve farmacéuticas extranjeras reclutan voluntarios para probar la seguridad y eficacia de sus nuevos productos antes de presentarlos al mercado. Según los registros de autorizaciones del Instituto Nacional de Salud (INS), 23.207 personas están enroladas actualmente en 300 experimentos que realizan laboratorios internacionales en 137 hospitales, clínicas, consultorios y hasta organizaciones no gubernamentales del Perú. Se trata de una actividad que continúa creciendo en nuestro país.

Este millonario y poco transparente negocio rebasa la capacidad del Estado. Comenzó el 2007 luego de que el entonces ministro de Salud, Carlos Vallejos, flexibilizara los trámites y condiciones para la experimentación médica con personas a través de 35 modificaciones al Reglamento Nacional de Ensayos Clínicos, que había sido aprobado en julio del 2006.

Justamente, Vallejos fue propulsor del cambio que dio lugar a un ‘boom’ de permisos y hoy figura entre los 15 médicos que concentran de 10 a más contratos con laboratorios y entidades privadas para ejecutar experimentos médicos con personas en el país, de acuerdo con los reportes del INS a los que accedió El Comercio, a través de una solicitud de información pública.

La información financiera y los pagos por esta actividad se considera confidencial. Pero profesionales que laboran en el campo –y que prefirieron mantener su nombre en reserva- revelaron que por cada persona enrolada para las prácticas, los médicos reciben de 500 a 13 mil dólares, y que los montos aumentan dependiendo de los riesgos del producto en investigación y la complejidad de los procedimientos.

VIOLACIONES A LAS BUENAS PRÁCTICAS Desde que existe un reglamento para la experimentación con personas en el país, el INS investigó 19 casos por violaciones a las buenas prácticas clínicas que ocasionaron daños serios y muertes de participantes en experimentos. Sin embargo, la norma no contempla una escala de sanciones a los financistas y médicos que violan las buenas prácticas clínicas durante investigaciones y ocasionan daños serios o la muerte de personas.

Un caso es el del cardiólogo Álex Gallegos Cazorla. El INS determinará si ratifica o levanta la sanción en su contra por reclutar a un paciente para el experimento de una farmacéutica, en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, y abandonarlo cuando su salud sufrió daños irreversibles que lo condujeron a la muerte en el 2011.

Ramón Ríos Astudillo (56) ingresó el 9 de setiembre del 2009 a un estudio para probar la eficacia del anticoagulante Apixiban, del laboratorio Brystol Myers Squibb Perú S.A.C., dirigido a personas con el diagnóstico de síndrome coronario agudo (arterias obstruidas por la coagulación de la sangre). “El doctor Gallegos le dijo a mi esposo que sería una buena alternativa para su enfermedad, pero Ramón sufrió demasiadas complicaciones. Le tuvieron que amputar la pierna izquierda en el 2010 y el médico se desentendió del todo”, narró a El Comercio, Victoria Izarnótegui viuda de Ríos, quien desde hace dos años reclama justicia.

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