Por: Norka Peralta Liñán

AMAZONA. El 5 de junio está cerca otra vez. La vegetación que crece sobre el cerro Curva del Diablo —donde murieron 11 policías y 10 civiles—está igual de frondosa que hace un año. La Estación 6 —aquel punto en el que fueron asesinados 12 agentes— conserva las 12 cruces blancas que se colocaron por los caídos.

En los alrededores de Bagua Chica, punto intermedio de ambos lugares, se distribuyen afiches que promocionan los actos que se realizarán el 4 y 5 de junio. Dichas actividades incluyen una misa en Curva del Diablo y un conversatorio sobre la situación de los indígenas procesados por la violencia desatada hace un año. La policía teme la utilización de este conversatorio para exacerbar los ánimos de los manifestantes convocados.

Han transcurrido 12 meses, en los cuales se derogaron los diversos decretos legislativos que motivaron la revuelta en Bagua y se formaron cuatro mesas de diálogo para tratar la problemática indígena. Además, recientemente se aprobó la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas , que también se demandaba en junio del 2009. Y, sin embargo, la radiografía de la Amazonía sigue mostrando una fractura grave, cuyos síntomas no deben pasar desapercibidos.

ABIERTAS DISCREPANCIAS Un primer síntoma es la disputa al interior del movimiento indígena. Hace dos meses se creó la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas Awajún y Wampís que, en representación de 180 comunidades nativas de la provincia de Condorcanqui, gestiona con el Gobierno Central proyectos de inversión en desarrollo social y económico en dicha provincia. La nueva coordinadora discrepa abiertamente con las demandas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos (Aidesep ).

“Nosotros ya nos cansamos de organizaciones intermediarias con el Gobierno, que no han logrado acciones concretas a favor de nuestros pueblos”, señala Héctor Requejo, alcalde provincial de Condorcanqui y uno de los procesados por los sucesos de Curva del Diablo.

Saúl Puerta, secretario general de Aidesep, dice saber acerca de esta coordinadora y advierte que Octavio Shacaime, un miembro de esta nueva agrupación, sería “sancionado de acuerdo a las costumbres de los pueblos indígenas”, por fomentar la división del movimiento indígena, en una reunión que se llevaría a cabo el 11 de junio, en el distrito de Imacita.

Estas desavenencias también evidencian lo que será la campaña electoral en el nororiente, con la participación de algunos dirigentes indígenas que respaldaron las protestas que desembocaron en el funesto 5 de junio.

Carlos Navas, uno de los voceros de Aidesep, es candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Amazonas por la Unidad Democracia Amazonas (UDA), un partido político que cuenta con el respaldo local de Patria Roja y el Sutep.

Cervando Puerta Peña, dirigente de la Organización Regional de los Pueblos Amazónicos (Orpian), postulará al Consejo Regional de Cajamarca; mientras que su hermano Saúl Puerta tentaría una curul en el Congreso por el UDA.

Alberto Pizango, con orden de comparecencia tras su retorno de Nicaragua, también analiza postular al Congreso.

Lucidoro Millán, secretario del Sutep en Amazonas, es candidato a la alcaldía provincial de Bagua por el UDA. En cuanto al alcalde Requejo, se sabe que piensa ir a la reelección.

CANALIZAR EL DESCONTENTO El convulsionado escenario en el que se configuran estas candidaturas recuerda la forma en que, tras sucesivos paros durante el 2004 y 2005, el descontento del movimiento cocalero fue canalizado a favor del protagonismo político de la hoy congresista Nancy Obregón y la parlamentaria andina Elsa Malpartida . El malestar indígena ante las irreales promesas del Gobierno Central se evidenciará este 5 de junio con la negativa de diversos poblados a cantar el Himno Nacional.

Según el alcalde de Imacita, Fernando Kakias, la población indígena no se siente identificada con la estrofa del “somos libres”. “Nos sentimos perseguidos por el Gobierno y no hay mejoras en nuestros pueblos. Mientras esa situación no cambie, nosotros no vamos a cantar el Himno Nacional”, refiere Kakias.

Se sabe que esa misma actitud asumirán los manifestantes que Aidesep, Orpian y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami ) han convocado para este 4 y 5 de junio.

CÓMO SUPERARLO ¿Cómo revertir este descontento? Según Iván Lanegra, representante de la Defensoría del Pueblo , se requiere fortalecer las capacidades de gestión y diálogo de los funcionarios gubernamentales que deben definir las obras prioritarias en la Amazonía.

También llama la atención sobre la necesaria reestructuración del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), que ahora es parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que canalice adecuadamente (y de una vez) las demandas de las poblaciones menos favorecidas del país.