El procurador de la Municipalidad de Lima, Antonio Salazar, informó que ha solicitado al 56 Juzgado Penal de Lima un plazo adicional para poder retirar los muros de concreto que bloquean parte de los accesos a La Parada, en La Victoria.

Salazar explicó que la solicitud es por un tema logístico, como el contrato de maquinaria pesada. Pero aseguró que ya se han hecho los trámites ante la Gerencia Municipal y la Gerencia de Transporte Urbano para cumplir con la orden del suspendido juez Malzon Urbina, quien dictaminó el retiro de los bloques y de policías que custodiaban la zona.

“Este es un mandato que vamos, de todas maneras, a cumplir, pero administrativamente tiene sus plazos. Es por eso que le he pedido al juez que nos otorgue un plazo adicional para poder cumplir con este mandato”, señaló a Canal N el procurador, quien dijo esperar que el pedido sea resuelto mañana lunes o el martes.

El plazo de 72 horas fijado por el juez Malzón Urbina vence el martes. La Municipalidad sería multada si no cumple, pero por ahora está a la espera de que se tome una decisión respecto a su pedido.

DENUNCIARÁN A COMERCIANTES De otro lado, anunció que esta semana iniciará acciones legales contra cerca de 200 comerciantes minoristas que han ingresado a La Parada. La denuncia penal ante el Ministerio Público será por el delito de usurpación.

“Vamos a pedirle al Ministerio Público que inicie una investigación sumarísima sobre este tema. La gente que está ingresando irregular e ilícitamente al Parque del Migrante, ex Mercado Mayorista N° 1. No tiene por qué estar ahí”, sostuvo refiriéndose a los comerciantes que no tienen ningún vínculo contractual con la actual administración.

Actualmente, el panorama en las inmediaciones de La Parada presenta a ambulantes copando pistas y veredas. Al interior, son unos 500 puestos los ocupados.

Cabe recordar que otra de las acciones legales emprendidas por la comuna capitalina se ejecutó el jueves aproximadamente a las 3 p.m., cuando se denunció al juez Malzon Urbina ante la Fiscalía Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público. El magistrado se le imputa supuesto prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.