Obras de saneamiento inconclusas en siete regiones costaron más de S/.104 mlls.

EL COMERCIO

Luego de recoger números y datos de obras inconclusas en algunas regiones, la Defensoría del Pueblo llegó a una cifra que resume la deficiencia de las entidades públicas para desarrollar obras de saneamiento: S/.104’813.000 millones. Este es el monto que invirtieron siete departamentos para dar el servicio de agua y desagüe a su población, y que hasta la fecha no ha sido entregado.

La entidad que ha hecho el estudio llegó a siete casos tras denuncias de los mismos pobladores afectados con las demoras de estas obras. Sin embargo, no solo hay obras que no se han terminado. En Apurímac, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Huánuco, Moquegua y Tumbes, la defensoría detectó que hay otros cinco concluidos, pero no funcionan. Junto con estas, el monto asciende a más de S/.140 millones en obras que no están operativas.

La adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, señaló que la inversión perdida de gobiernos regionales como locales demuestra deficiencias en la ejecución del gasto público y una “vulneración directa al derecho de acceso al agua y servicios de saneamiento de la población”.

CHICLAYO BAJO LA LUPA Este estudio de 12 casos es a partir de denuncias que se registraron desde el 2010 hasta este año. La región que concentra más ineficiencias es Lambayeque, quien tiene problemas identificados en el distrito de Pítipo, en el de Mochumí, en La Victoria y en el mismo Chiclayo.

Esta última obra implicó una inversión de S/.18’388.565 y con ella se trató de mejorar las redes de agua potable y alcantarillado en el casco central de Chiclayo. La obra fue concluida pero presenta serias deficiencias que no la hace viable.

El gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Ciro Chávez, mencionó que las obras de saneamiento en Chiclayo se retomarán y que ya no habrá retrasos, los que se debieron a problemas con las empresas constructoras.

El funcionario dijo que las demoras también son por causa del Gobierno Central, ya que el Ministerio de Vivienda no ha cumplido con el rol de ente rector en la elaboración de un plan nacional de saneamiento para las obras de gran impacto en las principales ciudades del país.

La representante de la defensoría señaló que la responsabilidad sí es de los gobiernos regionales y locales, ya que hay fallas en la elaboración de los expedientes técnicos, falta de saneamiento físico del terreno en el que se ejecuta la obra o incumplimientos contractuales con las empresas contratistas.