ROSA AQUINO
A la base de la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA), ubicada a un costado del aeropuerto internacional Jorge Chávez , en el Callao, han llegado innumerables vuelos con policías abatidos en combate, personas socorridas, además de senderistas y narcotraficantes capturados dentro y fuera del país. Pero después de más de 25 años, esta unidad de la policía ve amenazada sus operaciones por la expansión de nuestro primer terminal aéreo.
La DIPA debe entregar una de sus dos plataformas para atender los vuelos comerciales que lleguen a Lima mientras duren los trabajos de ampliación del aeropuerto, a cargo del concesionario Lima Airport Partners (LAP). Según un documento enviado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, a su par del sector Interior, Wilfredo Pedraza, el espacio solicitado mide 16.176 m2, es decir, el 84% de lo que utiliza la aviación policial para realizar sus vuelos.
“Debemos desocupar la rampa más grande, donde parqueamos diez aviones, entre ellos dos Antonov, y reubicar a estos en la Aviación Naval”, dijo el Coronel PNP Miguel Limo Dégola, director de la DIPA.
El documento precisa que la cesión de la pista de aterrizaje se prolongará hasta el primer trimestre del 2017. Los hangares, talleres de mantenimiento y oficinas administrativas no serán afectados. Sin embargo, ex oficiales de la policía que impulsaron la creación de la DIPA, creen que la medida es un golpe a la moral de la institución.
DESCARGA AQUÍ EL DOCUMENTO
“Es un maltrato más a la policía. Los pilotos arriesgan sus vidas en el Huallaga y el Vraem, y ahora les quieren quitar su base y arrimarlos a la Marina. Allí solo estaríamos perturbando sus operaciones”, opinó el general PNP Jorge del Carpio.
“Nuestras autoridades dicen que la seguridad ciudadana es lo más importante, pero pretenden desarticular una unidad policial en beneficio de la empresa privada”, criticó el ex director de la PNP José Tisoc Lindley.
Celso Gamarra, director general de Concesiones en Transportes del MTC, argumenta que la reubicación responde a la necesidad de atender la sobredemanda de viajes. “Están llegando más vuelos que deben ser rechazados porque no hay sitios donde aterrizar. Por eso hemos pedido este apoyo”, manifestó.
La fecha para iniciar la mudanza dependerá de la aprobación de la Marina de Guerra. Este miércoles comenzarán las negociaciones con esta entidad y posteriormente con el sector Interior. No obstante, Gamarra aseguró que el MTC ya cuenta con las autorizaciones verbales dadas por las máximas autoridades involucradas en el caso.
Fuentes de la Marina aseguraron que las coordinaciones las maneja directamente el Ministerio de Defensa. Esta entidad no quiso brindar información, tampoco los voceros de LAP.
Gamarra negó que el espacio cedido sea parte de los terrenos expropiados para la obra del terminal provisional, en el que estarán las salas de embarque, LAP invertirá US$20 millones.