San Isidro criticó la inacción de Lima en el conflicto por licencias de edificación

ROSA AQUINO ROJAS

La ordenanza 1275-MML faculta a la Municipalidad de Lima a intervenir si se denuncian transgresiones a las normas urbanísticas. No obstante, la comuna de San Isidro mostró su malestar por la inacción de los órganos técnicos en algunos casos. “En abril denunciamos ante la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) de Lima dos proyectos que exceden los límites de altura. Estos recién están en zanjas y pueden ser paralizados a tiempo”, refiere Grace Díaz, de la comisión de límites de San Isidro.

Se trata de las obras ubicadas en la calle Bilbao 333 y en la cuadra 25 de la Av. Javier Prado. Hasta el momento, las autoridades de la Municipalidad de Lima no se han pronunciado, aunque la norma fija que debe hacerlo hasta un máximo de 15 días después de que la comuna denunciada entrega el expediente del proyecto. La Defensoría del Pueblo, que investiga nueve obras cuestionadas, advirtió que Magdalena traba el proceso al no entregar los documentos.

San Isidro envió el miércoles de la semana pasada un oficio a la defensoría para pedir que se le otorgue la información que Magdalena del Mar les envió sobre la obra en la Javier Prado.

Jorge Román, gerente municipal de Magdalena, aseguró que sus licencias son “estrictamente legales”, pues se sustentan en ordenanzas metropolitanas y distritales. El Comercio buscó entrevistar a José Vargas Vía, encargado de la GDU de Lima, pero no accedió al pedido.

LLUVIA DE LICENCIAS El procurador del Concejo de Lima, Antonio Salazar, explica que esta lluvia de licencias ilegales se origina con la Ordenanza 950-MML, del 2006, que regula la altura en ambos distritos.

Esta norma permitió, por única vez, delegar facultades a los municipios para que establezcan los parámetros urbanísticos y edificatorios en sus jurisdicciones, adecuándolos a los de Lima. “El problema es que, aprovechando esto, los municipios distritales han hecho más de lo que se les permitió”, sostiene. Advierte que Magdalena lo hace y que se tomarán acciones legales contra otros municipios en la misma situación.

Para Cristian Rosenthal, gerente de Fiscalización de San Isidro, “se contravienen las normas urbanísticas de Lima y los regidores metropolitanos guardan silencio en vez de cautelar su cumplimiento”.

Walter Guillén, presidente de la comisión metropolitana de desarrollo urbano, afirma que los únicos encargados para intervenir son los funcionarios de Lima. El regidor contó que su grupo de trabajo evalúa modificar o derogar la ordenanza 1275, pues, en su opinión, no permite que los municipios distritales gocen de autonomía.

CONFIRMAN IRREGULARIDAD La Defensoría del Pueblo ha evidenciado en sus investigaciones que en el trámite de licencias la Gerencia de Desarrollo Urbano de Magdalena ha incumplido el parámetro de altura máxima y de zonificación (regulado por la Ordenanza 1067). Se confirmó que se ha vulnerado el principio de legalidad.

Sigue el enlace para que veas la ubicación de las construcciones cuestionadas.