Sentencian a implicados del primer caso de trata de personas judicializado del país

El Juzgado Penal de Piura dictó sentencia contra los implicados en el proceso por delito de trata de personas contra los administradores del night Club La Noche, ubicado en Piura. Se trata del primer caso judicializado por este delito en la historia del Perú.

A Nilson Prado Chicoma, administrador del mencionado night club, se le sentenció a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de trata de personas.

Por el delito de favorecimiento a la prostitución también se sentenció a Nilson Prado Chicoma a 5 años de pena privativa de la libertad, con lo cual su condena, en el presente caso, llega a 20 años de prisión efectiva.

Por el delito de trata de personas se sentenció a 12 años de prisión a Roycer del Castillo, quien fue la persona que trasladó a Piura a la tarapotina Jhinna Pinchi Calampa.

Prado Chicoma y Roycer del Castillo tendrán que pagar una reparación civil de 60 mil nuevos soles a la agraviada Jhinna Pinchi.

En tanto, Máximo Polo Mogollón y José Antonio Piscoya Paz fueron sentenciados a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida y a una reparación civil de S/.1.000.

En reserva se mantiene la sentencia que se le habría emitido al dueño del night club La Noche, Carlos Chávez Montenegro, quien se declaró reo contumaz por estar en fuga.

El caso El night club La Noche saltó al ojo de la tormenta en el 2010, cuando la tarapotina Jhinna Pinchi Calampa logró escapar del encierro y denunció ser una de las víctimas de trata de personas en Piura.

En el año 2006 le ofrecieron trabajo en esta cuidad norteña, pero nunca le dijeron que el empleo al que había postulado era uno relacionado a hacer favores sexuales. Más tarde, dijo haber sido violada por el dueño, haber dado a luz a su hija (que mantuvo dentro del local) e, incluso, que en esos días de encierro conoció a un fiscal que fue a La Noche con otros magistrados para arreglar una “cuenta” pendiente que tenía el dueño.

Pinchi, desde que fue rescatada de la prostitución, intenta rehacer su vida, aunque por ahora el Estado la protege por las amenazas a las que podría exponerse después de su declaración.